Colombia:
Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de
Estado
Parte VI del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
“Alida Arzuaga, de 9 años, fue
víctima de desaparición forzada, tortura y homicidio. Según
testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y
posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor,
quien se encontraba preso(…) Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos
políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren
también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales
contra sus familiares.” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre
el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo
ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le
chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios
como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un
anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían
que cobrarlo con su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La
existencia de 9.500 presos
políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia.
La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una
situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es
causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria de las
mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte
importante de ésta elije la oposición política insurgente. Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la
insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa
falta de libertades políticas en Colombia. La liberación de
los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz por parte del
gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno
no se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la
par que incrementa la entrega del territorio a las multinacionales. Las
organizaciones sociales denuncian: “Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos
naturales, procesos organizativos e intereses económicos trasnacionales;
coinciden con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención
arbitraria (…)Existe una directriz de Estado que criminaliza y militariza la
protesta social, que se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones
arbitrarias y en su política criminal que abiertamente da una repuesta
represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia
criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la
protesta social” [2].
La violación de los derechos de participación política afecta no
solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o encarcelado,
sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el pensamiento crítico y
desarticular la organización social, motores históricos de la emancipación. Se
trata de inyectar miedo a elevar una reivindicación: a quienes reivindiquen se
los ‘castiga’. En esa lógica estatal de dominación
mediante el miedo se inscribe la tortura: la impunidad
que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta
del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso
la muerte de los presos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio
contra los familiares de los presos políticos. La importancia de
visibilizar estos crímenes de Estado radica en tratar de impedir que se sigan
instaurando como un mecanismo de terror contra la reivindicación social.
La sucesión continua de crímenes de Lesa Humanidad nos convoca al
esfuerzo de analizar la realidad colombiana, tergiversada a saciedad. Esta
realidad es la expresión por excelencia de la articulación entre la acumulación
capitalista y las prácticas del terrorismo de Estado; prácticas del terror
destinadas a todo el orbe, máxime en la actual situación del capitalismo
mundial. En Colombia son cometidos
semanalmente crímenes de Estado, sin que esto desencadene la repulsa
internacional. Esta complicidad tiene lógica en tanto que un Estado que
apuntala las estructuras capitalistas y las ganancias de empresas
transnacionales es arropado de impunidad por parte de organismos
internacionales que hoy están avalando nuevas guerras coloniales, precisamente
para facilitarle al Gran Capital un mayor saqueo de los recursos. Colombia es una
pieza de primer orden para el capital transnacional, y es piedra angular en la
geopolítica regional; el genocidio es desarrollado bajo
directriz estadounidense. La ofensiva mediática
contra la comprensión de la realidad sirve a perpetuar la impunidad de unas estructuras
estatales (y paraestatales) aplicadas en viabilizar el saqueo, mediante la
tortura y el exterminio contra los opositores y las poblaciones que habitan los
territorios codiciados. Sin embargo la resistencia popular colombiana
constituye una barrera de contención ante el avance depredador del
imperialismo. La estrategia estatal del terror pretende desbrozar el camino a una mayor “reconquista” de la región. Analizaremos el crimen contra Benedicta Joya en el marco en el que
se produce: una estrategia estatal diseñada para disuadir la reivindicación
social mediante el miedo.
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