Colombia: La planificación del Terror Estatal y
la estrategia de confundir
Por Azalea Robles
Las contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la
humanidad y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos, el complejo
militaro-industrial implementa cada vez más guerras para seguir su crecimiento
perverso. En este contexto aparece como un imperativo ético y político el
análisis medular de las guerras: no podemos ya contentarnos con las
explicaciones postizas y seudo antropológicas de “guerras tribales” o de “no hay cultura de paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya
naturaleza distila colonialismo y constituye la argucia para evitar ir al
centro del problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios e
instituciones que difunden, algunos más sutilmente que otros, esas premisas
cosméticas. Aquellos que tienen un altísimo interés en impedir la comprensión
de la realidad, y por consiguiente la posibilidad concreta de transformación de
la misma, financian estos tanques de pensamiento.
1. ‘Cultura de
Aceptación del Saqueo’ disfrazada de ‘Cultura de Paz’
Sería digna de aguaceros de risas en una
representación de teatro grotesco, la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente”, financiados por la
industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya
línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras
impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales
empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras
que se centran en “enseñarles” a
becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc, la
manera de ser más “pacíficos”, de “resolver los conflictos desde la
civilidad” y de “desarrollar
una cultura de paz”, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen
raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son
meros asuntos de Cultura. Así
los países que dedican millonarios presupuestos en guerras imperialistas y cuya
supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y
genocidas, muy lejanas de la Cultura
de Paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación
mental a la cultura de la
aceptación del saqueo más
desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en
su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad
capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos, son adiestrados en la
retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué
salsa deben ser comidas.
Los
apelativos “guerras tribales” y
demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el
estatus quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras
fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los
verdaderos ‘Señores de la guerra’ que
son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación
industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria
depredadora del planeta.
Los países concebidos en la lógica global
capitalista como ‘bodegas de recursos’,
cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su
correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera
del gran capital por hacerse cada día con más recursos planetarios.
El estudio del caso colombiano arroja luces
indeclinables sobre la realidad mundial: es una muestra en quintaesencia del
capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar
la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una
realidad que es una radiografía de las mestástasis más atroces del sistema capitalista.
La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada
en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de implementar la
guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciéndo ver a las
resistencias populares como “terrorismo”.
El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una
verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y
el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es
indispensable.
2. Acumulación capitalista y Terrorismo de Estado en Colombia
En la realidad colombiana se plasma el despojo y
reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que
presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos
y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. En Colombia son acicateadas
las estrategias del Terror correlativas al saqueo capitalista. Estas son también
exportadas como método de control social, sabotaje, exterminio de la
reivindicación y contrainsurgencia a países de la región (México, Honduras,
Venezuela, etc).
Las cifras del Terrorismo de Estado en Colombia son elocuentes: según
un reciente informe, un total de 19 defensores de derechos
humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de 2015, y
otros 276 fueron agredidos [1]. Otro informe documenta que Colombia es el segundo país líder
en el asesinato de ambientalistas en el mundo, con 25 asesinados en el 2014 [2]
. El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los
desplazamientos poblacionales han ocurrido en regiones donde las
multinacionales operan la explotación minera. El 78% de los atentados contra
sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética
[3].
La planificación de la
acumulación de tierras mediante el despojo
violento se expresa en la existencia de 6,3 millones de personas
despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital,
millones de personas malviviendo en cinturones de miseria [4]. El despojo se
acelera: el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por
multinacionales [5].
El Terrorismo de Estado se expresa también en: 9.500
presos políticos [6]; la eliminación física de un partido político: La
Unión Patriótica (5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares
y oficiales del Estado)[7]. El exterminio contra la oposición política es tal
que: "En Colombia se cometen el 60% de los
asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una
violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en
pauta de comportamiento del Estado colombiano”, según
denuncia la CUT [8]. El Tribunal Sindical Mundial condenó al Estado colombiano: “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del
principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice
o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la
libertad, atentados(…)”[9].
El genocidio se plasma en los niveles de desaparición
forzada: la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas
en Colombia [10]. Un informe de la Fiscalía documenta: 173.183
asesinatos y 34.467 desapariciones
forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de solo 5 años [11]
. Una estimación de Piedad Córdoba, basada en el cotejo de informes y el
conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales, cifró
en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [12]. La Coordinación
Colombia-Europa-EEUU expresó que hay un: “continuo aumento de los casos(…) Las desapariciones forzadas han sido
usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control
social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos
paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se
benefician de la impunidad(…) Las desapariciones forzadas forman parte de una
práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido
funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del
país”[13]. Hay mecanismos para la impunidad: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se
consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los
perpetradores en las comunidades (…) Muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la
ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e
intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los
testigos(…)[Ibíd.]. Se suman
las leyes que excluyen a gran parte de las víctimas de desaparición forzada de
los registros, las leyes que amplían el accionar represivo de la policía, y las
leyes que intentan cobijar de impunidad a los responsables: “el Gobierno del presidente Santos está promoviendo un nuevo marco
normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de
desapariciones forzadas.” [14]
La mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada
detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos
por la Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que tiene estrecha
‘asesoría’ estadounidense [15].
3. Planificación de los Crímenes
de Estado en el marco de la lógica de "disuadir
la reivindicación mediante el terror"
Hay una lógica en el Terrorismo de Estado:
y es que a mayor tortura y degradación de las víctimas, mayor alcance del “mensaje disuasivo” en las
comunidades. La estrategia de la disuasión mediante el terror está teorizada en
los manuales del ejército: se concibe a la población como “el enemigo interno”, y se preconiza
claramente el empleo de una herramienta paramilitar para realizar las masacres
y torturas. El paramilitarismo fue preconizado para Colombia desde la misión
estadounidense Yarborough [16], y reiteradamente apuntalado hasta nuestros
días. La herramienta paramilitar es adiestrada para torturar, y entrenada por
(de)formadores de EEUU e Israel, como el mercenario Yair Klein [17]. Se trata de perpetrar Crímenes de Estado como el crimen
contra la niña Alida Teresa Arzuaga, de 9 años, violada y asesinada para
torturar a su padre (preso político), a la par que inyectar miedo en la
oposición política[18]; o como la masacre de la familia del militante comunista
y de la UP Julián Vélez, cuyo hijo fue torturado y castrado [19].
Se
trata, en el marco de esta planificación del Terror Estatal, de perpetrar
masacres como la masacre de Mapiripán. Los paramilitares fueron
trasladados en aviones del ejército del norte al sur de Colombia, y llevados
por el ejército al sitio de la masacre [20]. Estuvieron amputando y
violando durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera
nadie: debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población.
Unas 60 personas fueron asesinadas: sometidas a toda clase de torturas. Hasta
hoy hay dificultad para identificar a las víctimas dada la barbarie con que la
herramienta paramilitar procedió a descuartizarlas y lanzarlas al río. Según lo
confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de
seguridad para que salieran los paramilitares. El ejército
no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los
combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a
los paramilitares” [Ibíd.]. Mientras los paramilitares torturaban, el
ejército garantizaba las atrocidades combatiendo a las FARC que intentaron
romper el cerco militar para auxiliar a la población. El ejército garantizó que
la masacre comprendiera las torturas más aberrantes: no era “una bala perdida”, era una
operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en los Llanos
Orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió: “Pasaron camiones con alrededor de 120
hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes
y armados (…) otro grupo de paramilitares también se desplazó pero por el río
Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río” [Ibíd.].
Otro crimen de Estado que evidencia de
manera flagrante esta planificación del terror, es aquel cometido por militares
y paramilitares contra la comunidad del Cacarica, cuando "jugaron fútbol con la cabeza" del líder campesino
afrodescendiente Marino López. La Operación Militar ‘Génesis’ consistió en aterrorizar a la comunidad para forzarla a
un masivo desplazamiento poblacional: “Los
paramiltares y también militares rodearon todo el caserío. Nos juntaron a todos
(…) Dos de los doce militares tomaron a Marino(…) Lo insultan, lo golpean. Uno
de los criminales coge un machete y lo corta en el cuerpo, Marino intenta huir,
se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’.
Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los
paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en
dos, las dos piernas... Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos
lo vimos. Todo fue terror.”[21]. Los habitantes denunciaron el accionar de
la Brigada XVII. Varios paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, al mando de
Freddy Rendón, alias "El Alemán", señalan al General Rito Alejo del
Río como uno de los máximos responsables: "Se
trató de una operación conjunta" relataron ante el Fiscal de Justicia
y Paz [22].
La lista de crímenes de Lesa Humanidad
perpetrados de manera sistemática por el Estado colombiano contra la población,
en el marco de una planificada estrategia del terror y desposesión, sería
interminable. El Estado colombiano y su mentor estadounidense pretenden
continuar viabilizando el saqueo de los recursos aterrorizando a la población
cuya reivindicación entra en conflicto con la depredación capitalista. Se
pretende eliminar toda oposición, sea esta armada o no.
El
testimonio de Marinelly Hernández, presa política, es ilustrativo de las
aberrantes
torturas que el Estado colombiano comete contra los familiares de
los opositores políticos, máxime si estos son insurgentes, una realidad
silenciada: “A nuestro padre el Ejército
colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos
introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería,
luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después
arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un
tiro de gracia; según medicina legal a nuestro padre lo torturaron vivo. Tenía
70 años, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de
guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida
de mi padre?” [23]. Aquí la tortura aberrante claramente tiene por objetivo
enviar un mensaje de terror a los que piensen ingresar en la insurgencia. Estas
prácticas genocidas son recurrentes.
Marinelly expresa la correlación entre el
saqueo de los recursos y las masacres perpetradas por el ejército y la
herramienta paramilitar contra la población de las zonas codiciadas por el
gran capital. Aquí se refiere a la masacre del Río Nare: “El Capitán Martínez con sus tropas
ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los campesinos sacando el
mineral: un día antes, lanzaron panfletos diciéndoles que desalojaran, y al
otro día entraron con motosierras y hachas: amarraron a los trabajadores en
cadena… los iban soltando de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los
brazos, las piernas y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola
pierna, hacían un montón y lo tiraban al río y otros a los huecos de las minas
y otros los dejaban para que las aves se los comieran” [ Ibíd. ].
Marinelly, de una familia campesina, vivió en carne propia las agresiones del
ejército colombiano contra el campesinado; fue testigo de múltiples asesinatos
de amigos y familiares, cuyos cuerpos fueron abandonados torturados y
desmembrados: “parte de la guerra
sucia y psicológica que implementan para asustar a los luchadores
populares”. La presa política explica que las violaciones del Estado
colombiano la empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros
derechos”, y evitar “terminar
masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos
campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las
ciudades”[Ibíd. ].
La combinación del saqueo de
los recursos y el Terror de Estado ejercido contra quiénes se oponen al saqueo,
explica la existencia de las insurgencias colombianas, como única salida que
encuentra una población sometida al despojo y a la represión más descarnada
frente a sus reivindicaciones. Esta es una comprensión indispensable para
quiénes deseamos la paz en
Colombia. La paz significa justicia social, cese de la entrega del país en
concesiones a multinacionales, reforma agraria, soberanía alimentaria, y cese
del Terror de Estado que hoy facilita la acumulación capitalista en desmedro de
las mayorías empobrecidas. Los problemas deben ser resueltos desde sus causas,
no desde sus consecuencias.
4.
¿
Denunciaremos los crímenes resultado de una planificación Estatal, o
vamos a seguir promoviendo la confusión?
Estos crímenes de Estado envían un mensaje
del terror contra la población: ‘Esto
les puede pasar, a ustedes o a sus familiares, si persisten en su
reivindicación’. Hay un claro intento de paralizar la acción
reivindicativa de las comunidades, y ese terror se ejerce desde el mismo
Estado, en un accionar que obedece a unos intereses económicos claros: es inaceptable por lo tanto que se
intente endilgar los crímenes a “la
violencia” en abstracto, como reiteradamente lo hacen los mass-media con
los crímenes del Terrorismo de Estado. El mensaje es enviado por los
verdugos a través de sus ejecutantes paramilitares, y no es aceptable que los
maquilladores mediáticos vengan a garantizar
la impunidad total a quienes son los verdaderos comanditarios de estos crímenes:
los que se sirven del terror para sojuzgar a un pueblo y para garantizar la
acumulación de capital en pocas manos, en desmedro del medio ambiente y de las
mayorías. El intentar, mediante el aparato mediático, transformar los
reiterados asesinatos políticos en “víctimas
de los violentos” (así, “los
violentos”, en abstracto), busca diluir responsabilidades, busca
ocultar la planificación de un Terror que de manera sistemática es ejercido
desde el propio Estado contra la oposición política. Esa impostura
mediática no cala en los sectores más conscientes del campo popular, sin
embargo en parte de la opinión pública sí hace mella.
5.
Ofensiva
contra la comprensión de la realidad: Estrategia de la Confusión
La Estrategia de la Confusión es
implementada hasta la saciedad por el aparato mediático: por ejemplo el
redactar notas sobre crímenes en los que se conoce perfectamente que la autoría
es paramilitar, pero poner “asesinado
por grupos armados”: esto con la clara intención de exculpar a la
herramienta paramilitar que le sirve al poder económico, y de buscar endilgarle
a la resistencia popular parte de los crímenes perpetrados por la estrategia
paramilitar.
El léxico “grupos armados” o “actores
armados” es un léxico de la confusión, dado que grupos armados son tanto los paramilitares, como el ejército, como
las insurgencias; por lo tanto no hay nada más aberrante que conocer que los
victimarios son parte de una Estrategia represiva Estatal y paraestatal,
articulada al poder multinacional, y optar por tejer el discurso de la
confusión. Esta mediatización es indignante, y constituye una doble
victimización de las comunidades que denuncian a los responsables, y que sin
embargo ven ignoradas sus voces en las notas mediáticas, de manera a que la
herramienta paramilitar-militar del terror no solamente haya cometido las
atrocidades, sino que los
medios no señalen su responsabilidad, amparándola así de la impunidad que la perpetúa.
Parte
de la Estrategia de la Confusión es el empleo de la falsa dicotomía “grupos armados
legales” versus “grupos armados ilegales”: siendo
legales las fuerzas represivas del Estado, mientras que en la ilegalidad se
hallan tanto las fuerzas represivas paramilitares –que sin embargo se articulan
al mismo Estado, recibiendo logística, armamento e impunidad–, y las guerrillas
–éstas últimas de naturaleza opuesta al paramilitarismo–. Esta perfidia
mediática busca instaurar un campo conceptual que ignora la realidad del
paramilitarismo como estrategia preconizada en manuales militares. También
busca instalar un campo conceptual
que excluye el carácter político y social del conflicto colombiano, al
intentar presentar a las insurgencias en un mismo paquete con el
paramilitarismo; intentando quitarle a la guerrilla su carácter político,
inherente a su misma génesis y composición, de ser una expresión del campo
popular colombiano que se alza en protesta política contra el saqueo, protesta
política que deviene armada debido a la imposibilidad democrática instaurada
desde el Estado mediante la sistemática represión al opositor político.
El paramilitarismo es una herramienta al
servicio del Gran capital que actúa con la plena coordinación del ejército
colombiano; pero los medios trabajan para ocultar
la vinculación de esta herramienta con los que la crean y emplean.
Lamentablemente este trabajo sistemático de los medios logra colonizar a parte
importante de la población, dejando incluso huellas residuales que sorprende
encontrar en las mentes de las mismas víctimas. El bombardeo mediático es una
ofensiva sin tregua contra la capacidad de comprensión de la realidad, y por lo
tanto, contra la posibilidad de acción efectiva sobre la misma.
Por ello es importante desenmascarar esa
planificada manipulación semántica diseñada por los tanques de pensamiento. Esa
manipulación es también inyectada en el discurso de las ONG a través del
condicionamiento que imponen los financistas, logrando paulatinamente que en el
campo popular se introduzca un entramado semántico que obstaculiza la capacidad
de comprensión de la realidad. Hay una planificación del terror para facilitar
la acumulación capitalista en manos de multinacionales y latifundio; frente al
genocidio no cabe más caer en el borroneo de las causas del drama colombiano,
ni jugar a la confusión, ni adoptar el léxico impuesto por los tanques de
pensamiento de la USAID.
NOTAS de “La planificación del
Terror Estatal y la estrategia de confundir”
En caso de no figurar las notas completas en la
presente publicación, consultarlas en www.azalearobles.blogspot.com
[1]“Dentro de los presuntos responsables de las 295
agresiones contabilizadas por el SIADDHH en el primer trimestre del año,
señalamos que los paramilitares aparecen con responsabilidad supuesta en 230
casos (78%), la Fuerza Pública en 13 casos (5%), las guerrillas en 1 caso
(0.5%) y actores desconocidos en 51 casos (17%)”.
http://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/133-la-amenaza-fantasma-boletin-trimestral-siaddhh-enero-febrero-2015
[2] Deadly Environment,
Global
Witness
[3] Boletín
Informativo No.18 de PBI Colombia, Noviembre de 2011
[4] Colombia junto con Siria, el
país con más personas desplazadas forzadamente. CODHES: 6,3 millones de
desplazados en Colombia
6,8 millones de víctimas: http://www.telesurtv.net/news/El-conflicto-armado-en-Colombia-suma-68-millones-de-victimas-20141229-0002.html
Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO): Colombia es el país con más
desplazados y refugiados internos. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129586&titular=colombia-es-el-pa%EDs-con-m%E1s-desplazados-y-refugiados-internos-
Informe
Global 2014 sobre desplazados internos ACNUR:
[5] El 40% del territorio
colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones
de hectáreas que tiene Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para
este fin. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126725&titular=las-venas-abiertas-de-colombia-
[6] 9.500
presos políticos http://www.azalearobles.blogspot.com.es/2012/05/presos-politicos-entre-torturas-e.html
[7]Exterminio físico de la Unión Patriótica: más de 5.000
personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado,
el genocidio consta ante la CIDH. Plan “Baile Rojo”. Documental: http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[8] CUT: "En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se
presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural,
sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado
colombiano: un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921
2014
informe de la CUT ante la OIT: “Desde 1977 han sido asesinados 3052
sindicalistas, durante el actual gobierno 115 sindicalistas han sido
asesinados. La violencia contra sindicalistas continuó siendo una
característica de la actividad sindical en Colombia, sin que existan avances
significativos en las investigaciones, condenas y capturas de los responsables.
Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 86,8%; el
delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los
sindicalistas[7], tiene a su vez el más alto
índice de impunidad con el 99,9%. Los delitos de desaparición forzada,
desplazamiento forzado y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del
99,6%, 99,5% y 90,6% respectivamente. En general, frente a delitos relacionados
con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos
de sindicalistas es altísima, promediando el 96,7%.” http://cut.org.co/informe-de-cut-colombia-a-la-oit/
2015 Colombia: Continúa el exterminio de dirigentes populares. “En
Colombia hay 20 millones de personas pobres, el 70% de los trabajadores activos
están en la tercerización a través de contratos a término fijo, y un 60% de la
población ocupada en la economía informal o del rebusque. Estas cifras
contradicen las informaciones oficiales. Desde 1986, año de fundación de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hasta el 2014, fueron asesinados más de 3.500 sindicalistas.”
La “contrainsurgencia laboral” en Colombia, Renán Vega Cantor, abril 2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=197574
¡La violencia antisindical de Colombia persiste! Radiografía de la crisis
humanitaria del sindicalismo. http://cut.org.co/la-violencia-antisindical-de-colombia-persiste-radiografia-de-la-crisis-humanitaria-del-sindicalismo/
“La Escuela Nacional Sindical (ENS) denunció en Washington el asesinato de 105 sindicalistas durante cuatro años, que coinciden con la aplicación del plan de acción laboral que Colombia suscribió en 2011 como complemento al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.
La
estrategia dual del presidente Santos: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191804
Enero 2015 CUT y de Fensuagro intervinieron en Bruselas
Sindicalistas y defensores de DDHH
sin protección: “Desde la
fundación de la CUT, han sido asesinados en Colombia, más de 4000 sindicalistas
y la impunidad alcanza cerca del 95%, sin contar con las amenazas, las
torturas, los desplazados, los desterrados del movimiento sindical.” http://colectivodeabogados.org/noticias/noticias-nacionales/article/sindicalistas-y-defensores-de
Renan Vega
Cantor, ¡Sindicalicidio! Un cuento de Terrorismo Laboral http://www.rebelion.org/docs/147552.pdf
Hoja de
ruta de asesinatos, gobierno Santos: “1
activista asesinado cada 3 días, los hechos pesan más que las palabras” lista
por Justice For Colombia: http://www.justiceforcolombia.org/downloads/killing-sheet-June-2011.pdf
Workers
Uniting rechaza asesinatos a sindicalistas colombianos
[9] Mayo
2012: Por homicidios, torturas y otros atentados graves contra la libertad
sindical, El Tribunal Mundial de
Libertad Sindical condena al Estado colombiano http://www.parentesiscali.blogspot.com.es/2012/05/sentencia-condena-al-estado-por.html
“El TSM resuelve: Condenar al Estado de la República de
Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del
principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice
o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la
libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio
de la actividad sindical.”
Demanda
contra el Estado colombiano:
TSM condena al Estado colombiano: La libertad sindical en Colombia, una
farsa http://parentesiscali.blogspot.com.es/2012/05/informe-especial-tribunal-mundial.html
[10]
El 23 de mayo 2011 el representante del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar,
informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en
Colombia. Conferencia sobre desapariciones forzadas, en Bogotá.
[11] Informe Fiscalía, enero 2011: 173.183 asesinatos; 1.597 masacres;
34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados,
cometidos entre junio 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el
paramilitarismo: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm
[12] Estimación: en 20 años 250.000 personas desaparecidas; Piedad Córdoba,
Madrid, mayo 2010 "Hay 250.000
desaparecidos en Colombia en los últimos años": http://www.rebelion.org/noticia.php?id=106344&titular=%22hay-250.000-desaparecidos-en-colombia-en-los-%FAltimos-a%F1os%22-
Más
sobre DESAPARICIÓN FORZADA en
Colombia:
Desaparición, crimen del Terrorismo de Estado en Colombia: http://justiciaypazcolombia.com/50-000-personas-desaparecidas-en
“Las organizaciones de familiares de detenidos
desaparecidos exigen que el Estado responda por la vida y la libertad de los
desaparecidos, o que se entreguen sus restos a la familia y opere la justicia.
(…) El delegado en Colombia de la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos
ha repetido que “La desaparición forzada es una de las violaciones de los
derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un
récord alarmante en la comisión de este crimen”. Confirmando la alerta de
Naciones Unidas, el Registro Único de Victimas presenta en su informe del 1 de
abril de 2014 la escalofriante cifra de 122.155 victimas de desaparición
forzada.”
Informe
2014 Desaparición Forzada: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/desaparicion-forzada/Tomo-I.pdf
El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en
Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en 3
años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, informe
Medicina Legal: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765-NN/colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/
Tribunal Internacional de Opinión; “La DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE
ESTADO” Veredicto. Senado del
Congreso de la República. Bogotá 24, 25 y 26 de Abril de 2008: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article568
“Al mes de
noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia
registran más de 51.000 Desapariciones”, señala un reporte de 2011 de la US
Office on Colombia: http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf
A noviembre de 2011, el Registro Nacional de
Desaparecidos -órgano gubernamental- , reportaba un total de 50.891 casos (24%
mujeres y 17% niñas y niños). Los medios han manipulado la información haciendo
aparecer que sólo 16.907 casos son desapariciones forzadas, cuando esa cifra
revela los casos para los cuáles ha habido información concerniente a los
perpetradores, los demás casos permaneciendo en la insuficiencia investigativa. Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (INMLCF), noviembre 2011. El total del Registro Nacional de
Desaparecidos, reporta 64.564 víctimas, de las cuales se restaron 11.215
personas aparecidas con vida y 2.458 personas aparecidas muertas.
La Unidad
de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación reportó a mayo de 2011,
un total de 32.000 casos de desapariciones forzadas cometidas por grupos
paramilitares. Fundación Nidia
Erika Bautista (FNEB), Situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia: La
desaparición forzada no es un crimen del pasado, Bogotá, mimeo, diciembre,
2011.
En Mayo
2012: Yaneth Bautista, de la
Fundación Nidia Erika Bautista, ‘señaló que "en lo que va corrido del Gobierno Santos se han
registrado oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente
en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca”’, según reporta Caracol. http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/familiares-de-los-desaparecidos-ya-no-necesitaran-dos-anos-para-adelantar-tramites-legales/20120525/nota/1694613.aspx
2014- Desaparecidos: el Estado el gran responsable
[13] Mayo
2012, informe ‘Desapariciones forzadas en Colombia’, Coordinación Colombia-
Europa- Estados Unidos: “Presenta la
situación actual de la desaparición forzada en Colombia, mostrando el continuo
aumento de los casos en el país, así como la persistencia de los patrones de
persecución política y control social que han motivado históricamente las
desapariciones forzadas en el país. (…) En Colombia las desapariciones forzadas
han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de
control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por
grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que
se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. Las
desapariciones se cometen con el doble objetivo de acallar una voz disidente y,
al mismo tiempo, enviar un mensaje claro y aleccionador al resto de la
población para que se abstenga de mantener cualquier tipo de actividad de
oposición o de cuestionar el orden político existente.” Informe
Observatorio de DDHH: http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf
Subregistro de la cantidad de personas desaparecidas en Colombia.Hay un
esfuerzo para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de Estado de la
desaparición forzada: “El subregistro de
casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos
mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las
comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un
marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos
casos no se denuncian por múltiples razones, entre ellas, la mala administración
de justicia, la ineficacia de los canales y mecanismos de denuncia, el ambiente
generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas,
sus abogados, los testigos de las desapariciones(…)”
El
impedimento para conocer la amplitud del drama de la desaparición forzada en
Colombia, tiene obvias causas. Además del temor de los familiares de denunciar
a las fuerzas paramilitares o a la misma Fuerza Pública ante entidades
estatales comprometidas con la estrategia del terror e impunidad, hay una
inoperancia sistemática de la ‘justicia’ en estos casos, obstaculizando
investigaciones y procesos, hay fallas repetidas en la recolección de datos,
pruebas forenses, inhumaciones, testimonios. Se llenan de escombros las fosas
comunes. Hay temor, desidia, negligencia y obstaculización. “Esas fallas se hicieron aún más evidentes
en mayo de 2011, cuando el Ministro del Interior dio a conocer los resultados
de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y ese Ministerio, con el fin de cruzar
las huellas dactilares tomadas a cadáveres de personas no identificadas, con
las huellas de los documentos de identidad del registro nacional del estado
civil. Los resultados son tan impresionantes como tristes. En total, se
procesaron 22.689 necrodactilias (huellas de cadáveres) y se lograron
identificar 9.968 personas, que estarían actualmente inhumadas como personas
sin nombre en cementerios de distintas regiones. De ese total, tan sólo 440 personas
figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos. Los resultados fueron
remitidos al Instituto de Medicina Legal, que se encargó de hacer cotejos
dactiloscópicos, depurar los listados y oficiar a las autoridades judiciales
con el fin de ubicar expedientes y los lugares de inhumación de las personas
identificadas (…) en los registros de Medicina Legal sólo pudieron
encontrarse 3.779 personas pues, en un número muy importante de casos, la
información es confusa o inexistente, y hay fallas estructurales en la
organización de los cementerios que impiden ubicar los restos de las personas
enterradas sin nombre. En total, de las 9.968 personas identificadas mediante
el cruce de huellas, sólo fue posible ubicar y entregar los restos de 49
personas enterradas en distintos cementerios del país.”
[14] Impunidad y
Fuero militar impulsado por Santos: http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf
“La ley 1448 de 10 de junio de 2011, conocida como
ley de víctimas, excluyó expresamente de la definición de víctima a los
“miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley”. Eso significa
que, por ejemplo, los miembros de las guerrillas (reales o supuestos) que hayan
sido víctimas de desaparición forzada, no serían considerados como tales y sus
familias estarían privadas de los derechos a la reparación y la verdad. (…) La
ley 1453 de 2011, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, establece una serie
de previsiones que debilitan los controles sobre la acción de la Fuerza Pública
y que, en la práctica, podrían facilitar la comisión de desapariciones
forzadas.(…)
El Gobierno colombiano se rehúsa a reconocer su
responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se cometen
diariamente en el país. Al contrario, mantiene una posición de injerencia
indebida en las decisiones judiciales, particularmente cuando afectan la
responsabilidad de altos mandos militares o de altos funcionarios
gubernamentales.(…)
Preocupan las iniciativas legislativas del Gobierno
que pretenden sustraer de la justicia a los más altos responsables de las
violaciones de derechos humanos en el país, de un lado, mediante la persistente
propuesta gubernamental de reforma a la justicia penal militar y, de otro lado,
mediante el llamado Marco Jurídico para la Paz. (…). Los fuertes
cuestionamientos realizados desde distintas instancias internacionales en
relación con la propuesta[de Fuero Militar] , motivaron que el Gobierno decidiera retirarla a cambio de una nueva.
La actual es aún peor pues, ya no sólo reforma el fuero militar sino todo el
sistema de justicia penal militar: crea una defensoría técnica militar adscrita
al Ministerio de Defensa, incluyendo un fuero carcelario y la ampliación del
fuero militar para instalar un fuero policial”.
[15] La mayor fosa común de Latinoamérica, ubicada detrás del batallón
militar de la fuerza estrella del Plan
Colombia , la Fuerza Omega, en la Macarena, departamento del Meta. http://www.publico.es/
Los Medios ocultan la mayor fosa común de América, mientras el Estado
colombiano busca alterarla: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100898
“Denuncian el
hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el
Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente, con 2.000
cadáveres hallada en diciembre 2009, y cuyos cadáveres son cuerpos de
desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las
Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119299
[16] A raíz de la
visita de la Misión Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de
las directrices que dejó consignadas, el Estado colombiano adoptó una
estrategia contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las
guerrillas (1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de Contrainsurgencia que forman parte de la Biblioteca del Ejército y por
tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando como
fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la
concepción que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la
define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2)
debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los
movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
Cronología, hechos reveladores del Paramilitarismo como
política de Estado, J. Giraldo: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75
Los Gobiernos de EEUU y el paramilitarismo: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda19.pdf
El verdadero origen del paramilitarismo en Colombia: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article529
Brig. Gen. William P. Yarborough, "U.S. Special Warfare
Center," in U.S. Department of the Army, Office of the Chief of
Information, Special Warfare U.S. Army: An Army Specialty (Washington, D.C.,
1963), p. 61. A Psychological Operations Course covering all aspects of
psychological warfare was also offered at Fort Bragg, in consonance with the
center’s Psychological Warfare origins. .Headquarters, U.S. Army Special
Warfare School, Subject: Visit to Colombia by a Team from Special Warfare
Center, Fort Bragg, North Carolina, 26 February 1962. Kennedy Library, Box 319,
National Security Files, Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia;
3/62. Also Carroilton Press, Declassified Documents Reference Series
(1976:154D), and McClintock, The American Connection, vol. 1, State Terror and
Popular Resistance in El Salvador, pp. 23-24. 26. "Secret Supplement, Colombian
Survey Report."
Injerencia de los Estados Unidos,
contrainsurgencia y terrorismo de estado: La dimensión internacional del
conflicto social y armado en Colombia. Renán Vega Cantor, 02-2015.
[17] Mercenario
israelí que entrenó a paramilitares confirma la participación del Ejército. Yahir Klein: "El hacendado que se convirtió en presidente pagó
por mis servicios” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159161
Yair Klein: el instructor de la muerte http://elturbion.com/?p=1690
[18] La niña
Alida Teresa, hija de preso político, violada y asesinada por paramilitares,
crimen en impunidad, 2012. http://www.rebelion.org/noticias/2012/3/145927.pdf
Marzo 2012, Ordenan
Libertad a Jefe Paramilitar señalado de desaparición forzada, tortura y
homicidio de la niña Alida Teresa http://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2012_02_26_archive.html
[19] Asesinado
por ser “hijo de
comunista”. Asesinato de Carlos Julián Vélez Rodríguez, Diputado UP; su
esposa, su hijo, y su hermano, en el Meta. http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.7a.htm
Asesinato del niño Luis Carlos Vélez Garzón http://sandinovive.info/?page=ver_articulo&id=702
Extractos históricos de la UP: http://es.scribd.com/doc/68373112/Extractos-historicos-de-la-vida-de-la-Union-Patriotica-de-Colombia-Libro-Memorias-en-Baja-1
Plan de exterminio de la UP “Baile Rojo”. Documental: http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[20] Masacre de
Mapiripán: los paramilitares fueron trasladados en aviones Antonov y DC3 del
ejército. Confesó el General Uzcátegui: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los
paramilitares. (…) El ejército no sólo tiene
vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió , sino que combatió a las FARC para que no
golpearan a los paramilitares” http://vimeo.com/5114407
Negacionismo del estado y criminalización contra el
CAJAR http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138593
VIDEO: Juez, testigo de la masacre militar y paramilitar de
Mapiripán, dice que el Estado oculta la verdad. El día de la masacre
sobrevoló: “Un avión espía no de la Fuerza Aérea Colombiana, era de Estados
Unidos”
[21] Operación militar ‘Génesis’: masacre y ‘juego de
fútbol’ perpetrado entre militares y paramilitares con la cabeza de Marino
López
Tras 14 años de impunidad, La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos lleva a la Corte el caso de la Operación Génesis http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133265
[22] Los habitantes denunciaron a la Brigada XVII. Las
denuncias siempre fueron rechazadas por el gobierno. Sólo diez años después
fueron exhumados científicamente los restos de Marino López por la Fiscalía.
Cuatro paramilitares y Freddy Rendón, alias "el Alemán", han
confirmado la horrorosa muerte del líder chocoano y la complicidad del general
Rito Alejo del Río. "Se trató de una operación conjunta" relataron
ante el Fiscal de Justicia y Paz. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/alejo1.html
[23] Marinelly
Hernández, presa política y de guerra se declara en Ruptura con el Estado
colombiano, ante un juez de Quibdó: http://www.traspasalosmuros.net/node/359
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