viernes, 16 de diciembre de 2011

Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada


Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada
Parte I del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *



La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar.



1.    Introducción a una realidad invisibilizada

Hay al menos 9.500** presos políticos en Colombia, otro triste ‘record’ de un estado cuyo nivel de represión y exterminio de la oposición rebasa incluso el de las dictaduras asumidas como tal, y que goza sin embargo de amplio beneplácito en la diplomacia internacional, porque muy fácilmente la llamada“comunidad internacional” cierra los ojos sobre genocidios, si éstos permiten el saqueo de los recursos del país anegado. La mayoría de los presos políticos en Colombia son civiles encarcelados bajo montajes judiciales: sindicalistas, periodistas, académicos, estudiantes, ambientalistas, campesinos encarcelados para callar su reivindicación social, desintegrar la organización política, y callar el pensamiento crítico. La práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios sigue recrudeciéndose. 
El 90% de los presos políticos son civiles, los presos políticos y de guerra de las organizaciones políticas militares FARC y ELN son aproximadamente el 10% del total de presos políticos. Presento en esta introducción dos testimonios de presos políticos por ser esclarecedores de una realidad silenciada:
El profesor Miguel Ángel Beltrán, años preso político: “La actitud de que a todo aquel que investiga la realidad social con un lente crítico se le tilda de guerrillero proviene de un Estado que persigue y criminaliza a quienes pensamos diferente. Mis escritos han sido tomados como prueba para acusarme del delito de rebelión, lo que constituye una clara persecución al pensamiento crítico. El propósito del régimen al mantenerme privado de la libertad, es enviar un claro mensaje a los académicos críticos y a la universidad pública en general: 'cuídense de estudiar el conflicto social y armado con una perspectiva diferente a la oficial, porque miren lo que les puede suceder’. Y esto cala en algunos sectores.” [1]
Marinelly Hernández, presa política y de guerra testimonia de las aberrantes torturas que el estado colombiano comete contra los familiares de los insurgentes, una realidad silenciada: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro de gracia en su cabeza; según medicina legal a nuestro padre lo torturaron vivo. Mi papá tenía 70 años de edad, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?” [2]
Marinelly, de una familia campesina, narra que durante su niñez vivió en carne propia las agresiones que el Ejército colombiano desató contra el campesinado por pertenecer al partido opositor Unión Patriótica (UP); fue testigo de múltiples asesinatos de campesinos, amigos, y familiares, cuyos cuerpos eran abandonados con señales de tortura o desmembramiento: “parte de la guerra sucia y psicológica que implementaron para asustar a los luchadores populares.” La prisionera explica que las violaciones del Estado colombiano la empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”, y evitar “terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades”.[Ibíd. ]
El trabajo de los defensores de derechos humanos y abogados de presos políticos es dificilísimo, siendo estos víctimas de una encarnizada persecución estatal que ha conllevado desapariciones forzadas, asesinatos, y hasta encarcelamientos de defensores y abogados de presos políticos. Por esta razón los estudios, denuncias y la comunicación con los mismos presos se ve dificultada. La persecución contra los que ejercen la solidaridad con los presos políticos, el aislamiento, los traslados, los castigos contra los presos defensores de derechos humanos y las amenazas contra familiares, aunados al implacable silencio de los medios masivos de comunicación, constituyen la invisibilización de una realidad cuyas dimensiones ponen de manifiesto el carácter profundamente antidemocrático del estado colombiano.

Esta subvaloración mediática de los miles de presos políticos ha domesticado incluso las mentes de gran parte de la “izquierda”, que no los reclama debidamente; adoptando como prioridad los reclamos que imponen los mass-media y dejando casi olvidados a los miles de mujeres y hombres que están hoy tras las rejas por empeñar sus vidas en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.
A la dramática situación de vulneración del derecho a conciencia, opinión y organización social, se le suma que los presos y presas están sufriendo condiciones de reclusión insalubres, con un hacinamiento extremo y la proliferación de epidemias correlativa; sufriendo penurias de los mínimos vitales que son formas de tortura y de vulneración a la integridad y a la salud como la privación de acceso al agua por períodos prolongados [3]; sufriendo atentados contra su salud y derechos básicos como lo es el suministro de alimentación en estado de descomposición o contaminada hasta por materia fecal [4], como se ha comprobado en varios penales.
De igual manera se denuncia la práctica de aislar a ciertos presos políticos en medio de patios paramilitares, como medida evidente de atentar contra sus vidas. A eso se le suman otros crímenes de estado contra la población carcelaria, como lo son las torturas físicas y sicológicas y la tortura dedenegación de asistencia médica.
La declaración del último encuentro en solidaridad con los 9.500 presos políticos, expresó: “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Denunciamos la entrega de prisioneros políticos por parte del INPEC, a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión, y la muerte de los prisioneros (…) El hacinamiento obedece al aumento de internos como política criminal del Estado de aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que ‘atentan contra la seguridad del Estado’. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de cosas inconstitucional.” [5]
Apenas finalizado el encuentro, las retaliaciones del estado se desataron: tomando sanciones arbitrarias contra presos y presas políticas y arremetiendo con especial brutalidad contra la protesta pacífica de los presos en la cárcel de Valledupar que estaban amarrados a 15 metros del suelo desde hacía semanas en protesta por las torturas, privación de agua y tratos degradantes que les infligen [6]. La policía procedió a soltarlos con violencia de las estructuras a las que estaban amarrados provocando caídas de hasta 15 metros de los presos; para luego encerrarlos y torturar a los que estaban aún concientes. Los presos del penal relatan que oían atroces gritos de tortura y que asimismo vieron como la policía sacaba cuerpos inertes en sábanas. Se contaron más de 30 heridos, y 5 prisioneros quedaron entre la vida y la muerte [Ibíd.]
2.    Vulneración de las libertades solo comparable a una dictadura militarla sociedad entera es agredida
La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar. La existencia de miles de presos políticos es relevante no solo para las mujeres y hombres que son víctimas del encarcelamiento por sus ideas, no solamente para sus familiares que son sumidos en el dolor y la persecución, sino también para la sociedad en su conjunto: en efecto, los presos políticos son seres humanos arrancados a la sociedad, privando a esta del capital humano de seres encarcelados precisamente por su entrega a la comunidad, por su indispensable trabajo documental, jurídico, docente, periodístico, sociológico, sindical, ambientalista. Es un atentado contra el desarrollo de un pueblo. Lo que busca el estado es desarticular la organización social, hacer desaparecer el tejido socio-político que pugna por un cambio en las relaciones de poder, de desigualdad social, de tenencia de la tierra.
Las desigualdad social en Colombia es extrema. Colombia es el 3er país más desigual del mundo, justo tras Haití. En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por falta de agua potable, en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Ante la reivindicación social natural que surge de esta situación de inequidad, el estado, funcional al gran capital nacional y transnacional que se enriquece en base a la explotación laboral y al saqueo de los recursos, reprime de manera brutal: con sus herramientas oficiales (ejército, policía, fiscales) y paraestatales (la herramienta paramilitar) aumenta los asesinatos, las desapariciones forzadas y los encarcelamientos arbitrarios de intelectuales críticos, de activistas de procesos comunitarios, de organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas, afrodescendientes, viviendistas, ambientalistas, sindicalistas, etc.

NOTAS

* Este texto forma parte del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados” que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, las condiciones de tortura, los montajes judiciales, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. El índice de capítulos del dossier puede consultarse tras las Notas del presente avance.
** Las cifra estimada como indicativa por organizaciones de DDHH, en febrero 2012, en el encuentro "Colombia Entre Rejas" es de 9.500 presos políticos, actualicé las estimaciones.

domingo, 14 de agosto de 2011

Callar la carcajada lúcida: Crimen de Estado contra Jaime Garzón es testimonio del exterminio



Callar la carcajada lúcida: Crimen de Estado contra Jaime Garzón es testimonio del exterminio

“los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada compañeros; porque además de metérsela toda, ahora quien metérsenos al rancho(…) y es que detrás de toda narco-democracia, hay un narco-imperialismo” Jaime Garzón

Este Crimen de Estado es testimonio de la intolerancia extrema del estado colombiano frente a la oposición y a toda voz crítica.


Por Azalea Robles
VIDEOS Noticias Uno y Jaime Garzón

El 13 de agosto 2011 se cumplieron 12 años del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón: un hombre cuya genialidad humorística ponía al desnudo el mecanismo genocida del estado colombiano, denunciaba la estrategia paramilitar del estado, la ocupación estadounidense de Colombia, la extrema desigualdad social y el despojo de tierras. El asesinato de Garzón es un crimen de estado que es símbolo de los niveles de intolerancia política del estado colombiano, quien adelanta un exterminio contra la oposición y el pensamiento crítico. Recordamos a Jaime Garzón enarbolando sus ideas, su denuncia del genocidio, de la mentira, de la estrategia paramilitar: porque por ese legado cegaron su vida.

·          General del Ejército contactó a paramilitar Ernesto Báez para asesinar al humorista Jaime Garzón. 

Varios generales son señalados como instigadores del asesinato, entre ellos el general Mora Rangel y el general Rito Alejo del Río. Testimonia paramilitar alias 'El Cirujano' que el crimen fue planeado por el ejército, por la 'inteligencia' del estado colombiano (1). El Jefe paramilitar Alias ‘El Cirujano’ ha confesado la orden estatal del asesinato de Garzón: "Una nueva versión que le aporta elementos muy importantes a la investigación por el crimen de Jaime Garzón será entregada a la Fiscalía por el paramilitar alias El Cirujano. El Cirujano declarará que el asesinato de Garzón se planeó tres años antes de su ejecución y que en él participaron militares que en ese momento estaban activos."(íbid) 

Jaime Garzón fue asesinado por el Estado colombiano por denunciar, con su humor sensible, la estrategia del Estado de implementar la herramienta paramilitar para callar la reivindicación social, y para desplazar a millones de habitantes de sus tierras para favorecer al gran capital. Jaime Garzón denunció incesantemente la connivencia militar-paramilitar y la invasión de Colombia por EEUU. Denunció con valentía, lo que hoy deviene inocultable: la existencia de un narco-estado colombiano (2), de un ‘narco-imperialismo’ (EEUU), desnudó la falacia de que Estados Unidos "luchan contra las drogas" cuando en realidad son los que manejan el negocio y usan ese pretexto para intervenir países y reprimir la lucha social en diversos puntos del globo, siendo Colombia un ejemplo claro de su política colonial disfrazada de "lucha contra las drogas". Jaime Garzón denuncia con su entrañable personaje ‘John Lenin’ la ocupación gringa en Colombia (3); ocupación hoy tristemente más vigente que nunca con las 7 bases militares que continúan instalándose bajo Santos, aún pese al fallo de inconstitucionalidad de la Corte (4). Garzón desmiente la falacia de la “lucha contra el narcotráfico” que pretextan los EEUU:

“los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada compañeros; porque además de metérsela toda, ahora quien metérsenos al rancho(…) y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra,  pero no ve la Cosa Nostra que tiene en el ojo de Águila imperial: y es que detrás de toda traco-democracia*, hay un narco-imperialismo” (3, VIDEO):  http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk


El asesinato de Jaime Garzón, así como el de miles y miles de periodistas, sindicalistas, artistas, estudiantes, profesores, ambientalistas, líderes agrarios, abogados, etc... marca la extrema intolerancia política de la oligarquía colombiana: intolerancia extrema que es raíz de una guerra que desde el poder económico se desata a diario contra el pueblo colombiano, en sus más diversas expresiones, con la finalidad de despojar a la población para favorecer la acumulación de capital en pocas manos. 

Varios jefes paramilitares han hablado sobre las órdenes de asesinar al humorista: impartidas desde el generalato y el siniestro DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) del estado colombiano.

·          Directivos del DAS y sus cursillos a paramilitares: "Por qué está bien matar comunistas en Colombia" 

El representante a la cámara (PDA), Iván Cepeda, declaró en el juicio que se le adelanta al exdirector del DAS, José Miguel Narváez, y a otros seis exfuncionarios del DAS, que el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', le aseguró que José Miguel Narváez era miembro orgánico de las estructuras de las AUC paramilitares (5). "(Alias ‘Don Berna’) Dijo que (Narváez) cumplía varias funciones. Que era consejero del señor Carlos Castaño (Jefe paramilitar) y él se desempeñaba como líder de esa organización criminal (...) Y que además de eso cumplía la función de instructor ideológico de los campamentos en los cuales tenían sus sedes" declaró Cepeda (Ibíd. ).
      
Añadió que el Jefe paramilitar ‘
Don Berna’ dijo que el exdirector del DAS    impartía en esos campamentos un cursillo denominado: "Por qué es legítimo o por qué está bien matar comunistas en Colombia"  y que además a 'Don Berna' le constaba personalmente haber escuchado a Carlos Castaño decir que José Miguel Narváez le había aconsejado varios crímenes.  "Asesinar a mi padre, quien en ese momento era el congresista de la República Manuel Cepeda Vargas (por la exterminada UP), igualmente el señor Narváez había aconsejado al señor Carlos Castaño asesinar al humorista Jaime Garzón", relató Cepeda (Ibíd.)

Los directivos del DAS son investigados por el escándalo de las llamadas 'chuzadas' telefónicas operadas por ‘organismos de inteligencia’. Las investigaciones conciernen: seguimientos, amenazas, sabotajes, instrucciones a paramilitares, allanamientos ilegales, escuchas telefónicas operadas por el siniestro DAS de Colombia: un escándalo que implica crímenes de estado gravísimos, al que los medios masivos han logrado opacar bajo la rotulación de “las chuzadas”. Se espera que la labor judicial abarque el amplio espectro de crímenes cometidos por el DAS y no reduzca las cosas a “las chuzadas”; lamentablemente al tratarse de Crímenes de Estado lo más probable es la impunidad o sentencias individuales y ‘penas’ irrisorias y en condiciones privilegiadas para los pocos condenados. Pese a las valientes declaraciones de víctimas testigos como Cepeda o de antiguos cómplices del DAS, la impunidad hace su camino: a la directiva del DAS María del Pilar Hurtado, han logrado ponerla en modo silencio ya que goza de un escandaloso “asilo político” otorgado por Panamá (6).

·            Asesinato de Jaime Garzón: Símbolo del exterminio, que hoy continúa

El crimen de estado contra el humorista Jaime Garzón es un símbolo de la intolerancia extrema de la oligarquía y del estado colombiano contra la oposición política y el pensamiento crítico.
Tristemente, en el 2011, bajo la presidencia de Santos, este crimen sigue en la total impunidad y continúan los crímenes de Estado, sumiendo a Colombia en una situación de extrema crisis humanitaria, no solamente por el conflicto social y armado que vive el país producto de la extrema desigualdad social; sino sobretodo por un sistemático Terrorismo de Estado desatado contra todo aquel o aquella que ose elevar una reivindicación social, política, medioambiental, laboral. Terrorismo de Estado que es implementado tanto por la fuerza pública como por su hermana siamesa, la herramienta paramilitar, la cual es parte de una estrategia represiva del terror y actúa en plena connivencia con la fuerza pública. Bajo la presidencia de Santos han sido asesinados 27 sindicalistas, 20 en el 2011, siendo Colombia el país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo (7). Sólo en los 3 primeros meses de Santos han sido asesinado 50 opositores políticos (denuncia PDA), y el genocidio ha seguido incrementándose hasta hoy. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denunció en marzo 2011:  “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemístico término de bandas criminales (bacrim). (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada(…)”(8). 

El genocidio continúa y las masacres para desplazar comunidades se intensifican como necesidad de la codicia multinacional: el 40% del territorio esta pedido en concesiones a multinacionales mineras (9). El amparo brindado por el estado a su herramienta paramilitar y militar lo constituyen las Leyes de impunidad.

·          Impunidad del gobierno de Santos para la herramienta paramilitar: Ley 1424 y continuidad del genocidio

La impunidad que brinda el estado colombiano a su herramienta paramilitar, garantiza la continuidad de esta, mientras la propaganda se encarga de alienar masivamente a nivel nacional e internacional con la falacia de ‘el aire nuevo con Santos’. La Ley 1424 del gobierno de Santos garantiza impunidad a paramilitares y sus financistas, así reza: “La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a lo Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros (10). Esta nueva ley permite el otorgamiento de beneficios como la suspensión de la ejecución de la pena y la suspensión de las órdenes de captura proferidas en contra de paramilitares supuestamente desmovilizados.
Así expresa la situación de impunidad el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo:
  “Cumplidos 6 años de expedida la ley 975 de 2005 o ley de “justicia y paz”, existe claridad y consenso sobre el balance negativo de la ley de justicia y paz. No es para menos, las cifras señalan un total de 35.353 desmovilizados. Pero de éstos, 31.281 fueron beneficiados de medidas consistentes en la renuncia del Estado a la persecución penal de sus crímenes: no se cumplió con el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Estos beneficios otorgados por el estado al paramilitarismo permiten: a) la terminación de procesos penales por algunos delitos (amnistía impropia), y b) la no aplicación de la pena impuesta por los jueces (indulto). En la etapa propiamente judicial solo a 385 paramilitares se les ha formulado imputación, de estos solo a 91 se les ha formulado cargos, 12 de ellos están en etapa de legalización, solo 4 postulados han recibido condena, aunque solo 2 de ellos con sentencia debidamente ejecutoriada.” (11)

·          Genocidio y Leyes estafa: terror y aparato legal al servicio de este

La declaración de julio 2011 del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado hace una síntesis de las Leyes estafa del santismo y de la continuidad del Terror de Estado, cito unos apartes(12): "(...) permanencia de las estructuras paramilitares y su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales(…) Desde la posesión del Presidente Santos, más de 20 hombres y mujeres líderes (reclamantes de tierras) han sido asesinados, entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la “ley de víctimas” y hoy el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos crímenes pretenden ser desnaturalizados por sectores políticos y mediáticos sin que existan investigaciones eficaces, independientes e imparciales. (…) ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos.”

El MOVICE denuncia la impunidad que otorga el estado a su herramienta paramilitar y la peligrosidad de las Leyes presentadas por el gobierno de Santos y los mass-media como la panacea: favorecen la impunidad, el despojo, y por ende la continuidad del genocidio:
“Tanto el principio de oportunidad, como la Ley de “justicia transicional”, encubrieron miles de amnistías a paramilitares, que no confesarán sus crímenes ni se someterán a la justicia colombiana. Se han demostrado las limitaciones estructurales de la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Basta con recordar que a seis años de la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005, no se ha reparado efectivamente a ninguna de las víctimas de los grupos paramilitares. (...)”

“Con la extradición a los Estados Unidos de los principales jefes paramilitares se frustró el modelo de juzgamiento de máximos responsables, ya que al no existir un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos se ha obstaculizado la continuación de los procesos judiciales que adelanta la justicia nacional. Solo existe una carta concertada entre estos dos gobiernos que tan solo permite el acceso a las cárceles estadounidenses de los operadores judiciales, excluyendo a las víctimas y sus representantes.
Esta situación ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad y el esclarecimiento histórico de los crímenes atribuidos a los paramilitares, que debe comprender la identificación de las estructuras de poder, las redes de financiación y la individualización de beneficiarios. Contexto que se ve agravado con la adopción de la ley de “justicia transicional”, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite amnistiar a miles de paramilitares omitiendo su obligación de investigar, juzgar y sancionar, sacrificando así los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.”

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia que las mal llamadas ‘Ley de Víctimas’ y ‘Ley de Tierras’ promueven la impunidad, legalizan el despojo y permiten que las tierras despojadas sean entregadas a la mega minería y el agro- industrial:
“El proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 desconoció a las víctimas y sus propuestas, lo que la constituye en una ley inconsulta. Iniciativa en la cual no se reconoció como fundamento de la reparación a las víctimas, el deber de garantía, respeto y protección de los derechos humanos atribuible al Estado. (...) La ley no contempla la restitución patrimonial a la población desplazada, y en general, es regresiva en relación con las órdenes que la Corte Constitucional dictó al declarar el “estado de cosas inconstitucionalidad”.

En la Ley 1448 de 2011 se incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo. Entre ellos, el contrato de transacción, la revisión de indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa y el “contrato de uso” también conocido como “derecho de superficie”, entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno nacional promueve disposiciones legales y políticas que permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala y obras de infraestructura, lo que desconoce los derechos ambientales y de habitación de las comunidades rurales victimizadas. Los artículos de la Ley 1448 de 2011 que se refieren a la (…) restitución, reparación colectiva, memoria histórica han quedado supeditados a su reglamentación por el poder ejecutivo.

El gobierno de la “Unidad Nacional” está promoviendo un proyecto de ley de reforma a la justicia que pretende limitar los alcances judiciales en los procesos de parapolítica y en los que se siguen en contra de integrantes de la fuerza pública de alto rango (…) se pretende limitar los procesos adelantados por la Corte Constitucional respecto a los derechos de la población desplazada y de las víctimas.
El MOVICE decidió demandar los aspectos inconstitucionales de la “ley de víctimas” y llama la atención sobre los riesgos que existen en el proceso de reglamentación e implementación, especialmente teniendo en cuenta que regiones importantes del país se encuentran aún bajo el dominio y control de estructuras paramilitares."

Como denuncia el MOVICE e innumerables organizaciones sociales y comunidades: el genocidio continúa incrementándose. La arremetida estatal contra la población no ha cesado desde el asesinato del humorista Jaime Garzón, al contrario. Garzón hubiera tenido muchas cosas más que denunciar, si lo hubieran dejado vivir.

·          La carcajada lúcida

La familia de Jaime Garzón decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen del periodista (13). Sus abogados, en base a pruebas como las varias declaraciones de jefes paramilitares, señalan a varios generales, entre los cuales Rito Alejo del Río y Mora Rangel como instigadores del crimen. En rueda de prensa el abogado Alirio Uribe dijo que “ya es hora de que la fiscal Vivianne Morales vincule a los militares que están involucrados en el crimen”(Ibíd. ) El hermano de Jaime Garzón declaró, en su homenaje de agosto 2011: "A Jaime lo matan por su activismo en favor de la justicia social, la justicia económica, y la paz. ¡El homicidio de mi hermano es un crimen de estado!" (14)

En uno de sus últimos espectáculos Jaime Garzón expresaba la persecución al pensamiento crítico que sufren los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas independientes por parte de las herramientas de exterminio del estado colombiano:

“Si yo que ni soy independiente (periodista), que me burlo no más: a la casa a uno lo llaman a cada rato y le dicen ‘Nosotros sabemos donde vive, le vamos a cortar la lengua’… y eso le cambia a uno la vida: yo por ejemplo ahora me cambio de calzoncillos y medias todos los días … ¡Sí porque qué tal: un cadáver ahí cagado…uuuufff! El que no me reconozcan no me da miedo: ¿porque quién tiene unos dientes así? Uno ya avisa a la fiscalía que una cosita de oro que tengo aquí, que se la devuelvan a mi mamá, que no se la vayan a robar (…) Es que la independencia tiene un valor: esos tipos independientes que denuncian a los militares por violar los derechos humanos, ¡eso es terrible contra ellos! Si uno no más se burla de los militares, y así y todo mandan a decir ‘hágale suave que…’”(15)

Si hubieran dejado vivir a Jaime Garzón, él hubiera seguido fomentando carcajadas, sentimientos y pensamiento crítico. Su voz era necesaria para la construcción de la emancipación que busca el pueblo colombiano, así como decenas de miles de voces que han sido acalladas por las herramientas del terror estatal. Un pueblo que busca la paz debe tener memoria histórica, reclamar a sus presos políticos y entender ante todo las raíces de la guerra. Porque las raíces profundas de la guerra en Colombia son la extrema desigualdad social y, aunada a esta base, la sistemática represión y exterminio que desata el estado (como aparato al servicio de la acumulación de capital en pocas manos) contra toda reivindicación de tipo social, económica, ecológica, política. Estamos ante una violencia desatada desde arriba contra los de abajo que osan cuestionar el expolio y el empobrecimiento: por eso es asesinada hasta la carcajada lúcida.
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NOTAS: 



(1)    General del Ejército contactó a paramilitar Ernesto Báez para asesinar al periodista y humorista Jaime Garzón: http://www.noticiasuno.com/noticias/general-del-ejrcito-contact-a-ernesto-bez-para-asesinar-a-jaime-garzn-.html
VIDEO Noticias Uno:

(2)Javier Giraldo: “El narcotráfico penetró las instituciones: el poder ejecutivo, las fuerzas armadas, la policía”: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131599

(3)  Vea a Jaime Garzón en este video, denunciando a narco-EEUU, con su entrañable personaje 'Jhon Lenin': http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk
* Cuando Garzón dice “traco-democracia” significa “narco-democracia”, o “democracia-criminal”“traco” viene del argot “traqueto” que designa a un sicario, que a su vez viene del traquetear de las armas.

(4) El Senador Robledo denuncia la violación de la sentencia de la Corte Constitucional: El gasto multimillonario del Pentágono revela la instalación efectiva de bases del Comando Sur en el país: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123813
Pese a que la Corte declaró inconstitucional el Tratado de cesión: El Ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos para construir en bases colombianas http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123295

(5) El representante a la cámara Iván Cepeda (por el PDA), sostuvo que el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', le aseguró que José Miguel Narváez, directivo del DAS, era miembro orgánico de las estructuras de las AUC paramilitares:  http://www.caracolradio.com/nota.aspx?id=1436047 

(6) A la directiva del DAS María del Pilar Hurtado, han logrado ponerla en modo silencio ya que goza de un escandaloso “asilo político” otorgado por Panamá: http://www.rebelion.org/seccion.php?id=13

(7)Bajo la presidencia de santos han sido asesinados 27 sindicalistas, 20 en el 2011, siendo Colombia el país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo  2010 cerró con 49 sindicalistas asesinados. Van más de 20 en 2011: El país más peligroso del mundo para los sindicalistas: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133818&titular=el-pa%EDs-m%E1s-peligroso-del-mundo-para-los-sindicalistas-
El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia:
“ en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921

(8) El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia en marzo 2011: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (bacrim). (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual 

(9) El 40% del territorio está pedido en concesión para minería: Las venas abiertas de Colombia: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126725
El Gobierno beneficia a las multinacionales mineras en detrimento del medio ambiente y las comunidades: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=132682
(10) Cfr. Ley 1424 de 2010. Artículo 4º, inciso 2º.

(11) Así expresa la terrorífica situación de impunidad el colectivo de abogados Alvear Restrepo:
(12)  declaración de julio 2011 del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE):
(13) La familia de Jaime Garzón decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen del periodista. Abogados señalan al general en retiro Rito Alejo del Rio como instigador del crimen. Abogado Alirio Uribe dijo que “ya es hora de que la fiscal Vivianne Morales vincule a los militares que están involucrados en el crimen” http://carloslozanoguillen.blogspot.com/2011/08/estado-colombiano-demandado-ante-la.html


(14) Caso Jaime Garzón crimen de estado:
http://www.youtube.com/watch?v=g8Xkij01obo

(15) Jaime Garzón sobre la persecución al pensamiento crítico, las amenazas:
 Jaime Garzón denuncia a los militares:
http://www.youtube.com/watch?v=_FCkfEop2cs

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A continuación, en memoria del sensible humorista: Brevemente Actualizado en 2012, fuentes con nuevos datos en anexo.

jueves, 16 de junio de 2011

50 niñas violadas por El Patrón y el Parque Tayrona: infancias molidas en grandes negocios

50 niñas violadas por El Patrón y el Parque Tayrona: infancias molidas en grandes negocios

Por Azalea Robles

"'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina”

Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón seleccionaba a sus víctimas. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. Detrás de los beneficios de las multinacionales hay destrucción social, niñas esclavas, torturas, e impunidad.

“El ejército nos bajó del autobús. Al muchacho que estaba conmigo lo mataron. A mi me violaron entre nueve soldados. (…) Cuando llegué a Dabeiba, estaban los paramilitares. El comandante paramilitar me violó (…) A una le toca quedarse callada… Cuando entra el ejército me vuelven los pensamientos que me va pasar lo mismo.” (1). El feminicidio y la violación sexual aumentan dramáticamente al amparo de la impunidad para los crímenes de Estado. La impunidad de la que goza la Fuerza pública le da carta blanca para violar, y el empleo de la violación como mecanismo del terror conforma a una Fuerza Pública habituada a prácticas genocidas.
OXFAM revela que en Colombia : “489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009: un promedio de 6 mujeres, cada hora” (2); en otro informe refiere que el 81% de las violaciones a DDHH de las mujeres se atribuyen al ejército y la herramienta paramilitar: se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor.”(3). Estas cifras evidencian que hay un sistematismo de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad. Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio. “Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías” (4).


1.    Las 50 niñas violadas por ‘El Patrón’

Las violaciones y asesinatos de niños se han convertido en el pan de cada día en el marco de la impunidad total para el Terrorismo de Estado: los violadores reinciden decenas de veces, habitando la misma zona, viviendo en las mismas haciendas; campean a sus anchas y hay quienes incluso son famosos por hacerse llevar niñas vírgenes a sus casas, durante años. Sin que la fuerza pública haga algo al respecto. No son casos aislados, se trata del margen de acción que les es permitido a aquellos que están amparados en la impunidad que les brinda el mismo estado: son políticos, latifundistas, militares y paramilitares, todos ellos son intocables por la “justicia” colombiana, pues los que los denuncian y los jueces que abren expedientes en su contra corren la misma suerte que la jueza Gaona (5). Gaona llevaba el caso de los niños violados y asesinados por el ejército en Arauca; y había rechazado el “vencimiento de términos” y las maniobras dilatorias de la defensa militar. Fue asesinada en marzo de 2011 por un sicario a plena luz del día en el centro de uno de los departamentos más militarizados de Colombia, a escasos metros de un puesto de la fuerza pública. El sicario huyó a pie (6). Pocas son las víctimas que se atreven a denunciar las violaciones sexuales a manos de paramilitares o de la fuerza pública porque podría ser alto el riesgo de que la misma fuerza pública ‘delate’ sus denuncias a sus victimarios, incluso antes de proceder a abrir un expediente judicial. Se estima que detrás de cada denuncia adelantada se esconde el grueso de las denuncias que no se efectuaron por temor: “Poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte” (7). El carácter exponencial de las violaciones de niñas y niños en Colombia crece cada día amparado en la impunidad que le otorga a la fuerza pública y a sus cómplices el derecho de Pernada.

El Jefe Paramilitar Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’ reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta (8). "'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina"(ibídem). El jefe paramilitar abusó de al menos 50 niñas. Ninguna sobrepasaba los 15 porque -según los mismos paramilitares- "las mujeres mayores lo salaban” (Ibíd. ).Las niñas eran secuestradas y llevadas a fiestas en las que este seleccionaba a sus víctimas. El Patrón fue intocable durante años porque hacía las labores de guerra sucia que beneficiaban al gran capital y ayudaba a diferentes políticos, como lo expresó ante la fiscalía en septiembre 2007: dijo que José Francisco Zúñiga (9) fue alcalde de Santa Marta apoyado por el paramilitarismo; que a Trino Luna lo apoyaron para gobernador del Magdalena; también señaló de connivencia paramilitar a los políticos Enrique Caballero Aduén, Darío Sarabia y Salomón Saade (10). Relató los nexos del bloque paramilitar Tayrona con la Fuerza Pública y empresarios: con el coronel Enrique Peralta Walker, comandante del batallón Córdova, y con el empresario Jorge Gnecco, hermano del ex gobernador del Cesar Lucas Gnecco. Relató que la Policía les indicó personas señaladas de ser informantes de la guerrilla para que las asesinaran. Alias ‘El Patrón’, funcional a la estrategia del terror de estado y del gran capital, encabezó miles de asesinatos, torturas, desmembramientos, desapariciones forzadas: reconoció haber hecho desenterrar de las fosas en las que sus hombres sepultaron a sus víctimas, a centenares de ellas que fueron lanzadas a los ríos, para borrar toda huella de su existencia. ‘El Patrón’ fue extraditado el 13 de Mayo de 2009 a EEUU, en lo que las víctimas llaman “la extradición de la verdad”: al extraditar a los Jefes paramilitares se hace aún más remota la posibilidad de conocer el destino de sus víctimas, y conocer los nombres de los grandes comanditarios del genocidio. Con la extradición de varios Jefes paramilitares el estado colombiano ha garantizado gran parte del silencio. Hoy las renovadas caras de la herramienta paramilitar, los mismos latifundistas de siempre, y los inamovibles militares siguen gozando de plena permisividad.
Entre el 2001 y el 2002 14 mil personas descendieron forzadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, huyendo de masacres al mando del paramilitar ‘El Patrón’, en uno de los mayores desplazamientos forzados de poblaciones de Colombia. Por amenazas paramilitares se asentaron en Ríoancho (La Guajira) y el Calabazo (Magdalena). Miles de campesinos y alrededor de 500 indígenas koguis, wiwas y arhuacos se convirtieron en "el escudo del Tayrona". Eran custodiados por la herramienta paramilitar para que se quedaran allí: todo el tiempo estuvieron en la carretera, dormían a la intemperie, todo a ojos de la fuerza pública. La Sierra Nevada de Santa Marta ha ido a parar a manos del latifundio y multinacionales que lograron despojar a los nativos mediante masacres.

2.    Desplazamiento forzado para beneficio multinacional: los Patronos de la guerra

Colombia tiene 5,2 millones de personas desplazadas, según el último informe de CODHES: es el país del mundo con mayor número de desplazados, junto con Sudán (11). Los desplazamientos masivos de poblaciones obedecen a una razón: vaciar de habitantes y de reivindicaciones las tierras codiciadas por las multinacionales, ya sean mineras, del agro industrial, o de otro rubro. Esto lo han denunciado las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas víctimas de la voracidad del Gran Capital. El desplazamiento forzado de poblaciones en Colombia  es provocado por masacres dirigidas intencionalmente contra la población civil, y no tanto por “la bala perdida” como quiere hacerlo creer la falsimedia que busca diluir la realidad en un magma confuso para eliminar las responsabilidades concretas del latifundio y del poder multinacional. Hay una planificación del desplazamiento poblacional, no es algo aleatorio: las zonas vaciadas de población coinciden con las zonas de alto interés económico y con las zonas en las que previamente hubo un tejido social organizado y fuerte. Se aplica contra la población civil la estrategia de la “tierra arrasada” que aplicaron los marines estadounidenses en Vietnam arrasando poblados enteros para impedir el apoyo popular al Vietcong. Es la misma estrategia que aplicaron en El Salvador y Guatemala. Bajo el rótulo del “fuego cruzado” y “la bala perdida” los mass media y la USAID pretenden disfrazar la realidad: los más grandes desplazamientos poblacionales en Colombia han ocurrido provocados por masacres directamente efectuadas contra la población civil por la herramienta paramilitar y el ejército, mascares con motosierras y listas de personas a ejecutar en la plaza pública.
Hay casos tan flagrantes y planificados como la masacre de Mapiripán: en la que los paramilitares fueron llevados en aviones Antonov y DC3 de un departamento a otro, y trasladados en camiones del ejército, al sitio de la masacre (12). Allí estuvieron masacrando, violando, cortado cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la Masacre. Debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población. 60 personas fueron asesinadas en Mapiripán: sometidas a toda clase de torturas. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares” (Ibíd. ). Dicho por el propio General Uzcátegui: mientras los paramilitares descuartizaban a civiles en Mapiripán, el ejército les garantizaba la labor combatiendo a las FARC que intentaron romper el cerco militar bajo el cuál los paramilitares torturaban a los campesinos; pero el cerco era una operación con planchones sobre el río, retenes, y aviación. El ejército garantizó que la masacre durara y comprendiera las torturas más aberrantes:  no era “una bala perdida” era una operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en la zona de los llanos orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió : “Pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares también se desplazó hasta “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón” (Ibíd. )

3.    Crímenes de Estado que configuran genocidio: masacres, desaparición forzada, violaciones
Estas masacres continúan en el 2011: la ONU denunció un incremento de 40% en las masacres en el último año (13). En cuanto a la desaparición forzada, la ONU reconoció, en mayo de 2011, la existencia de al menos 57.200 personas víctimas del crimen de desaparición forzada, aclarando que muy probablemente son muchas más las víctimas: el crimen de estado de la desaparición forzada tiene en Colombia dimensiones escalofriantes, las cifras de desaparecidos de la “democracia” colombiana superan incluso las cifras de las dictaduras del Cono Sur, las víctimas buscan a cientos de miles de desaparecidos (se estiman en 250.000) (14). Medicina Legal informó de 38.255 desapariciones forzadas ocurridas en el lapso de solo 3 años (Ibíd. ). La desaparición forzada, como la violación sexual, cumple la función de inyectar terror en las comunidades, siendo empleada sobretodo contra opositores políticos, sindicalistas, estudiantes, ambientalistas, sociólogos y todo aquel o aquella que alce un reivindicación social. También se extiende el crimen de desaparición forzada contra mujeres que son desaparecidas tras ser violadas y contra los campesinos víctimas de los asesinatos de civiles mal llamados “falsos positivos”. El CINEP publicó, en mayo 2011, un informe en el que señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Los mal llamados “falsos positivos” son asesinatos de civiles perpetrados por los militares para disfrazar los cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, y recibir prebendas y permisos por cadáver presentado (15).

Reseñaré aquí sólo dos de las masacres con sevicia extrema cometidas contra la población civil por la herramienta paramilitar, en el 2011. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia una masacre cometida el 11 de febrero de 2011 por paramilitares: “Luz Marina Roa Alfonso fue asesinada, junto con Luz Mery Roa Roa, Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, y la menor Sorith Juliet Alfonso Roa de tan solo 5 años, quien fue degollada y sus manos fueron cortadas. Asesinaron a dos trabajadores. Fueron degolladas a machetazos (…) persiste la presencia de grupos paramilitares y la zona se encuentra controlada por el Ejercito Nacional, a pesar de esto se comenten crímenes de lesa humanidad.” (16). La segunda la denuncia la Corporación Justicia y Dignidad: “El domingo 6 de marzo de 2011 paramilitares asesinaron en su vivienda a la anciana indígena Leopoldina Valencia Güegüe, de 70 años de edad. Le propinaron 3 impactos de fusil en su cara que la dejaron desfigurada. El resto de ocupantes de la vivienda se escondieron debajo de la cama, en tanto que los agresores con arma blanca destruían las mamas, los brazos y las manos de la anciana”(17)

Las violaciones colectivas son un mecanismo de inyección de terror y desplazamiento: “Llegaron los paramilitares, congregaron a todos, pusieron música y empezaron a beber (…) violaron a algunas mujeres, dieron muerte a unas cuantas personas y bailaron. Obligaron a las mujeres a cocinar… violaron a las jovencitas. La fiesta se prolongó cuatro días. Los cadáveres empezaron a pudrirse. Quemaron a algunos de ellos para que no se pudieran identificar. Oímos sobrevolar a un helicóptero pero no pasó nada hasta el cuarto día. Los paramilitares se quitaron los pasamontañas y dijeron que había llegado el ejército. Entonces vinieron automóviles, fiscales y personas de la Cruz Roja. El ejército estaba impidiendo la entrada al poblado mientras se producía la matanza.” (18)

Las violaciones son un mecanismo de terror empleado contra dirigentes sociales, se trata de acallar la oposición política: “La niña de 13 años, hija de Martha Olaya, dirigente sindical e integrante de la ANMUCIC, fue violada y muerta en Monteloro por miembros del ejército. Las fuerzas de seguridad mostraron el cadáver vestido con ropas de uso militar, para dar la impresión de que era una guerrillera muerta en combate. Al funcionario de medicina legal que le practicó la autopsia lo mataron una semana más tarde.” (19)

Tras los desplazamientos ocasionados por el terror de las masacres y las violaciones colectivas, las condiciones de miseria de las personas desplazadas acarrean más sufrimiento y violación de sus DDHH: “Llegaron 500 paramilitares a la aldea… nos amenazaron y se llevaron a las mujeres (…) Mataron a muchachas, chicos, hombres y mujeres. No se nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos niños y mutilaron los órganos sexuales de los cadáveres. Violaron a muchas mujeres (…) Hoy vivo en las afueras de Cartagena; las condiciones son muy malas ya que el lugar está inundado casi siempre; por la noche tengo que atar a los niños a la cama para que no caigan al agua.”  (Ibíd. Página 25)

4.    Oro, megaminería multinacional y desplazamiento forzado: violaciones para aterrorizar

Mientras lee este artículo, la situación de las mujeres y niñas colombianas se agrava de forma dramática en las zonas ricas en minerales y codiciadas por multinacionales y latifundio, pues el terror es utilizado para desplazar comunidades, y la violación forma parte de la estrategia de terror para generar desplazamiento y control social. Las comunidades afrodescendientes del Pacífico (PCN) denuncian que: las violaciones sexuales a las niñas y adolescentes se han incrementado de forma alarmante”(20), esto en medio de la avanzada de la explotación minera multinacional, y de megaproyectos de agro industrial:En este momento están ingresando retroexcavadoras ilegales que tienen como fin la explotación de oro a gran escala, lo que genera un daño ambiental grave, además generan desplazamiento y muerte. Estas retroexcavadoras vienen custodiadas por hombres armados quienes afirman que aquellos que se interpongan o traten de impedir el ingreso de estas maquinas serán asesinados. (…) quieren apropiarse de este territorio por la riqueza mineral” (21). Tras el desplazamiento las comunidades se asientan en los barrios periféricos de las ciudades, en los que continúa el control y terror social militar- paramilitar, y se degrada el tejido social: En nuestra comunidad, niñas entre los 9 y 13 años de edad están embarazadas por primera vez, y ya entre los 13 y 15 años, son madres de dos hijos, y de 14 a 17 años tienen de 3 a 4 hijos, como consecuencia de violaciones ejercidas por sus padrastros, vecinos e integrantes de grupos armados (…) La desaparición forzada seguida de la violación sexual y el asesinato con sevicia, es una constante en los barrios y en zonas rurales. Se conocen casos de violación sexual de niñas de 2 a 7 meses de edad, y es escalofriante el de una niña de 3 meses de nacida que fue totalmente desmembrada. Esta situación obliga a las madres a estar confinadas en sus casas por miedo a dejar a sus hijas solas, ya que las menores corren el riesgo de ser raptadas y desaparecidas. También se conocen casos en los que niñas y niños pequeños, obligados a practicar sexo oral a los violadores, tienen graves lesiones e infecciones bucofaríngeas.  (… ) En esta semana, reportes comunitarios afirmaron que entre jovencitas y niñas, 7 están desaparecidas. Dos fueron encontradas violadas y asesinadas y del resto, corren rumores de estar enterradas(…) Y mientras se escribe este comunicado, llega un plegable, buscando a otra niña desaparecida desde el jueves 19 de mayo (2011) (…) Ante el escalamiento de las violencias contra las mujeres y niñas, hasta ahora, ningún organismo estatal se ha apersonado de esta grave problemática.”(ver 20) Las comunidades exigen: “las investigaciones necesarias para superar la impunidad de estos crímenes.” (Ibíd.)

5.    Los Patronos del Parque Tayrona: cómo se entrega un parque natural a aquellos que lo han asolado

El Parque Tayrona, uno de los ecosistemas más hermosos del planeta, es ofertado a la empresa privada y al turismo por las modificaciones legales de la administración de Uribe y Santos. Las masacres de la herramienta paramilitar se ocuparon de desplazar a miles de habitantes de las tierras codiciadas. Los Jefes paramilitares, como premio por sus “servicios” al gran capital, hacen grandes negocios. Según el jefe paramilitar ‘El Canoso’ la empresa Aviatur del magnate francés que hoy gestiona el Parque Tayrona obtuvo la licitación en asociación con varios jefes paramilitares, entre los cuales alias ‘El Patrón’. José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, del bloque paramilitar Tayrona de las AUC, confesó en abril 2011 a la fiscalía de Justicia y Paz cómo se organizó el consorcio entre paramilitares, parapolíticos y el empresario del turismo, Jean Claude Bessudo (22).‘El Canoso’ expresó que la sociedad de los paramilitares con Aviatur para administrar el Parque Tayrona se hizo a través de una sociedad llamada Alnuva y que, según lo reporta Noticias Uno, se concretó en la oficina de Bessudo (íbid) a comienzos del 2005. Alias 'El Canoso' declaró: “Empezamos una etapa de llenar el formulario, de presentarlo, Nacho [Ignacio Rodríguez] tenía muy buenas relaciones con los hijos del doctor Uribe, con Jerónimo y Tomas y entonces logramos que entráramos en este pliego a concursar con una empresa que es del señor Bessudo que era Aviatur.” (Ibíd.).

El 31 de enero del 2004 los paramilitares asesinaron a Marta Hernández Turriago, la directora del Parque Tayrona, porque no aceptaba entregarles un porcentaje de lo recaudado y había denunciado que los paramilitares sacaban drogas utilizando rutas dentro del parque(23). El 4 de julio de 2005, el Gobierno entregó en concesión por 10 años el parque Tayrona a una Unión Temporal Parque Tayrona conformada por Aviatur, del empresario francés Bessudo, la Cámara de Comercio y la sociedad Alnuva. El parque tiene una extensión de 25.000 hectáreas (íbid.) Según ‘El Canoso’ el negocio comenzó entre él, Héctor Ignacio Rodríguez, alias ‘Nacho’, y los jefes paramilitares ‘El Patrón’ y su sobrino Nodier. Rodríguez había sido elegido con el apoyo de los paramilitares concejal de Santa Marta; fue posteriormente extraditado, cumplió tres años de prisión en EEUU y desde el año pasado se encuentra en Santa Marta (Ibíd.). También se asoció el gobernador Trino Luna, posteriormente detenido por parapolítica. Elías George, representante legal de Alnuva, y representante de una empresa de telefonía móvil y de una aerolínea, fue otro socio. (Ibíd. ) Su entrada al parque se hizo tras desplazar a miles de campesinos e indígenas y expulsar a docenas de familias que se ganaban la vida como operadores turísticos, venta de artesanías y como guías.

La Fiscal de Justicia y Paz indagó sobre los pormenores de la licitación, preguntándole a alias ‘El Canoso’: “¿Hubo algún manejo de la licitación para que le quedará a Bessudo y ustedes? “Nacho usó a los hijos del doctor Uribe para que nosotros nos quedáramos en esa licitación”. Contestó el ‘El Canoso’ (ver grabación en VIDEO de la audiencia de alias 'El Canoso', reportada por Noticias uno, nota 22). El empresario Bessudo, radicado desde hace más de 48 años en Colombia, aduce que él no estaba al tanto de estar compartiendo la multimillonaria licitación con paramilitares. Y explica que cuando se refirió en reuniones a las AUC era de la siguiente manera: “Y la famosa frase que le contaron de las AUC yo dije de vez en cuando AUC, yo no sabía que esa vaina era Autodefensas Unidas de Colombia, por Asociación de Usuarios Campesinos” (24). Es ampliamente conocido en Colombia que las AUC son las Autodefensas Unidas de Colombia, cómo se autodenominó la herramienta paramilitar. Por otro lado cualquier persona que haga negocios multimillonarios que conciernen tierras de las cuales son despojados mediante masacres sus habitantes, y justamente por los paramilitares de las AUC, está en medida de  entender la situación. Pueden caber dudas sobre la ingenuidad que aduce Bessudo: “los socios ocultos, yo no lo sabía”( Ibíd. ). La sociedad Alnuva de los paramilitares ‘El Patrón’ y ‘Jorge 40’ sigue siendo concesionaria de la administración del parque Tayrona, junto con Bessudo; el empresario francés declaró que por ley no se podía deshacer de sus socios de la unión temporal, lo cual, al parecer no es cierto según informa Noticias Uno en un reportaje (25): "El zar del turismo colombiano Jean Claude Bessudo sí podía sacar de la concesión del parque Tayrona  a la empresa de fachada de Jorge 40 y Salvatore Mancuso (paramilitares) cuando, según él, se enteró de que estaba compuesta por paramilitares (...)"

Mientras la oligarquía colombiana, francesa, y las multinacionales se hacen con las riquezas de Colombia, el brutal empobrecimiento de las poblaciones despojadas acicala el mecanismo de las violaciones contra las niñas: unas secuestradas y violadas y otras entregadas por familias en la miseria: "Era tan perversa la situación que hubo papás que las entregaban [al ‘Patrón’] a cambio de gastos básicos y estudios" (26). El despojo de tierras aumenta la miseria en Colombia e incrementa la riqueza de aquellos a manos de quienes van a parar las tierras: multinacionales y latifundio. Colombia es el 4to país del mundo en desigualdad social, y el país más desigual del continente americano (coeficiente GINI, 2011) (27).

6.    ¿Cuál infancia?

Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón las seleccionaba. Las que no le gustaban quedaban para otros paramilitares. Esta es la cara de “la Prosperidad Democrática” que sufren las niñas: detrás de los altísimos beneficios de las multinacionales en Colombia hay destrucción social, niñas esclavas, miseria, torturas, abusos e impunidad. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. El sistema de acumulación de capital, basado en el saqueo de los recursos naturales y la explotación del ser humano, tortura y asesina a los niños. Los priva de educación al convertir la educación en una mercancía, los priva de alimentación al convertir la alimentación en un negocio, los priva de salud al convertir la medicina en otro negocio, los desplaza de los campos, los mata de hambre… En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por desnutrición (UNICEF). Colombia es uno de los países más ricos del mundo, y sin embargo su población es gravemente empobrecida por el saqueo: El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. Hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres (28). De cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica. Correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional (29). Paul Martin, representante de UNICEF, expuso de qué manera el cerebro de un niño se ve atrofiado por la desnutrición y la gravedad de la situación de la infancia en Colombia: “12% de los niños de Colombia padecen desnutrición crónica. Van a sufrir física y mentalmente: nunca este 12% va a tener la oportunidad de contribuir con el 100% de su capacidad humana (…) El 90% de la capacidad del ser humano se desarrolla en sus primeros 3 años; los niños que están desnutridos antes de esa edad nunca serán capaces de recuperar esta parte de su capacidad humana. En una radiografía del cerebro de un niño bien nutrido se puede ver que el cerebro es muy denso, con muchas interconexiones; y junto a él, el cerebro de un niño con desnutrición severa se ve delgado, con agujeros: esto es el daño físico causado por la desnutrición que no puede ser recuperado.”(30). Las grandes fortunas siguen incrementando su capital gracias al despojo de millones de campesinos de sus tierras, la privatización de la salud, la educación y demás servicios; gracias al pago de salarios de miseria; al establecimiento de zonas francas, gracias a la utilización del erario público para la financiación de la banca, gracias a la destrucción montañas. El 40% del territorio de Colombia está pedido en concesión para proyectos mineros: de sus 114 millones de hectáreas, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin (31).
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NOTAS: para ver las notas completas: www.azalearobles.blogspot.com
*Este texto contiene en su seno un capítulo ampliado del texto extenso:  Las 50 niñas violadas por El Patrón, la juez asesinada, la impunidad y sus eufemismos” de Azalea Robles, el cual forma parte de una investigación sobre la Impunidad en Colombia.  

(1) “La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra” , página 17, Mujer desplazada de Neiva.http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf
(2)          Oxfam y Casa de la Mujer presentan una encuesta de prevalencia “Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra” . El informe revela que en nueve años “489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009, un promedio de 6 mujeres, cada hora, han sido víctimas directas de este tipo de violencia”. http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/12033/101206_Primera_Encuesta_de_Prevalencia.pdf
(3)En el informe titulado “La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra” (2) Oxfam presenta la dificultad de recabar información acerca de las violaciones a los DDHH de las mujeres, y la dificultad de cuantificarlas, sin embargo, en la estimación que hace se refiere a: se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor.”

(4) “Las estadísticas, tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías” , señala El Tiempo en su editorial del 19 de abril 2011.
(5) El asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona es la punta del iceberg del terrorismo de Estado http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126746&titular=el-asesinato-de-la-jueza-gloria-constanza-gaona-es-la-punta-del-iceberg-del-terrorismo-
Impunidad sangrienta: Asesinada La jueza que llevaba el caso de los niños violados y asesinados por el ejército colombiano
Tres jóvenes detenidos son presentados como guerrilleros para exculpar al Ejército, Organizaciones sociales de Arauca denuncian montaje judicial: Las capturas por el homicidio de la jueza Gaona son denunciadas como montajes judiciales
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5777
(6) Fue asesinada en marzo de 2011 por un sicario a plena luz del día en pleno centro de uno de los departamentos más militarizados de Colombia, a escasos metros de un puesto de la fuerza pública. El sicario “huyó” a pie. Impunidad total. http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211:humanidad-vigente-y-cpdh-arauca-repudian-y-rechazan-asesinato-de-jueza-en-saravena-arauca-&catid=26:comunicados&Itemid=34
(7) “Al señor lo amarraron, le cogieron a la señora y a una hija y las violaron delante de él y los otros hijos. Ella dice que “Poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte” en: “La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra”, Mujer de Catatumbo, página 15 http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf

(8)           El jefe paramilitar que abusó de al menos 50 niñas en Santa Marta


(10)       Alias El Patrón Dijo que José Francisco Zúñiga era el candidato a la alcaldía de Santa Marta apoyado por el paramilitarismo al mando de 'Jorge 40'; y que al político Trino Luna lo apoyaron para la gobernación del Magdalena: http://www.ensemana.com/articulo/20110307_8436247.asp
(11)       Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO): Colombia es el país con más desplazados y refugiados internos. Según CODHES más de 5 millones de colombianos son desplazados.


Ultimo informe de CODHES sobre desplazamiento forzado en Colombia:
"5,195.620 millones de personas (1039.124 hogares) han sido desplazadas a la fuerza en Colombia." En promedio cada año, unas 208.000 personas son desplazadas forzadamente. El 11,42 % de la población colombiana se encuentra desplazada de manera forzada.
Más de 280 mil desplazados y 176 asesinatos selectivos en 2010: CODHES (06-2011) http://www.rebelion.org/docs/130767.pdf

(12)       La masacre de Mapiripán en la que los paramilitares, fueron llevados en aviones Antonov y DC3 de un departamento a otro, y trasladados en camiones del ejército, al sitio de la masacre. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

(13)        Febrero 2011, la ONU denunció un incremento de 40% de las masacres en el último año: 38 matanzas con 179 víctimas fatales de los paramilitares en connivencia con la fuerza pública. http://multimedia.telesurtv.net/25/2/2011/27798/onu-denuncia-aumento-de-masacres-en-colombia-durante-el-ultimo-ano/
(14)       La ONU reconoció en mayo de 2011, la existencia de al menos 57.200 personas víctimas del crimen de desaparición forzada, aclarando que muy probablemente son muchas más las víctimas: el crimen de estado de la desaparición forzada tiene en Colombia dimensiones escalofriantes, las cifras de desaparecidos de la “democracia” colombiana superan incluso las cifras de las dictaduras del Cono Sur, las víctimas buscan a cientos de miles de desaparecidos.

Medicina Legal informó de 38.255 desapariciones forzadas ocurridas en el lapso de solo 3 años. La cifra del informe de Medicina Legal de 38.255 desaparecidos en 3 años evidenció una realidad que no se puede seguir esquivando: Colombia es trágico 'record' en el Crimen de Estado de la desaparición forzada. VIDEO: http://www.dailymotion.com/video/xd9scp_mas-de-38-mil-personas-desaparecida_news

(15)       El CINEP publicó, en mayo 2011, un informe en el que señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Los mal llamados “falsos positivos” son asesinatos de civiles perpetrados por los militares para disfrazar los cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, y recibir prebendas y permisos por cadáver presentado. Informe especial Falsos Positivos 2010 El Cinep afirma que aumentaron las víctimas de asesinatos de civiles a manos de militares

(16)       Masacre en el Putumayo, febrero 2011, niña amputada: http://prensarural.org/spip/spip.php?article5327
(17)       Corporación Justicia y Dignidad denuncia asesinato con sevicia de indígena nasa de 70 años, 11 de marzo 2011  http://colombia.indymedia.org/news/2011/03/120757.php
(18)       “Llegaron a la ciudad los paramilitares, congregaron a todos, pusieron música y empezaron a beber (…) violaron a algunas mujeres, dieron muerte a unas cuantas personas y bailaron. Obligaron a las mujeres a cocinar… violaron a las jovencitas. La fiesta se prolongó cuatro días. Los cadáveres empezaron a pudrirse. Quemaron a algunos de ellos para que no se pudieran identificar. Oímos sobrevolar a un helicóptero pero no pasó nada hasta el cuarto día. Los paramilitares se quitaron los pasamontañas y dijeron que había llegado el ejército. Entonces vinieron automóviles, fiscales y personas de la Cruz Roja. El ejército estaba impidiendo la entrada al poblado mientras se producía la matanza.”  Página 13, http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf

(19)       Las violaciones son un mecanismo de terror empleado contra dirigentes sociales, se trata de acallar la oposición política: “La niña de 13 años, hija de Martha Olaya, dirigente sindical e integrante de la ANMUCIC, fue violada y muerta en Monteloro por miembros del ejército. Las fuerzas de seguridad mostraron el cadáver vestido con ropas de uso militar, para dar la impresión de que era una guerrillera muerta en combate. Al funcionario de medicina legal que le practicó la autopsia lo mataron una semana más tarde. El 31 de julio de 2000 la casa de Martha Olaya fue quemada.”, página 7 http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf

la situación de la mujeres y niñas colombianas se agrava de forma dramática en las zonas ricas en minerales y codiciadas por multinacionales y latifundio, pues el terror es utilizado para desplazar comunidades, y la violación forma parte de la estrategia de terror. Las comunidades denuncian: las violaciones sexuales a las niñas y adolescentes, con edades entre 9 y 17 años, se han incrementado de forma alarmante”, Es una realidad que en nuestra comunidad, niñas entre los 9 y 13 años de edad están embarazadas por primera vez, y ya entre los 13 y 15 años, son madres de dos hijos, y de 14 a 17 años tienen de 3 a 4 hijos, como consecuencia de violaciones ejercidas por sus padrastros, vecinos e integrantes de grupos armados ilegales. (…) La desaparición forzada seguida de la violación sexual y el asesinato con sevicia, es una constante en los barrios y en zonas rurales de nuestro municipio.  Se conocen casos de violación sexual de niñas de 2 a 7 meses de edad, y es escalofriante el de una niña de 3 meses de nacida que fue totalmente desmembrada. Esta situación obliga a las madres a estar confinadas en sus casas por miedo a dejar a sus hijas solas, ya que las menores corren el riesgo de ser raptadas y desaparecidas. También se conocen casos en los que niñas y niños pequeños, obligados a practicar sexo oral a los violadores, tienen graves lesiones e infecciones bucofaríngeas.  (…) En esta semana, reportes comunitarios afirmaron que entre jovencitas y niñas, 7 están desaparecidas (…) De este grupo, dos fueron encontradas violadas y asesinadas y del resto, corren rumores de estar enterradas (…) Y mientras se escribe este comunicado, llega un plegable, buscando a otra niña desaparecida desde el jueves 19 de mayo (2011) (…) Ante el escalamiento de las violencias contra las mujeres y niñas, hasta ahora, ningún organismo estatal se ha apersonado de esta grave problemática.”
(21)       Urgente, invasión de retroexcavadoras en la parte alta de la vereda la Toma-Suarez Cauca
En este momento están ingresando retroexcavadoras ilegales que tienen como fin la explotación de oro a gran escala, lo que genera un daño ambiental grave, además generan desplazamiento y muerte. Estas retroexcavadoras vienen custodiadas por hombres armados quienes afirman que aquellos que se interpongan o traten de impedir el ingreso de estas maquinas serán asesinados. (…) comunidad durante años viene siendo asediada por agentes externos que quieren apropiarse de este territorio por la riqueza mineral”.

(24)       Bessudo niega, y dice que cuando se refirió en reuniones a las AUC era de la siguiente manera: “Y la famosa frase que le contaron de las AUC yo dije de vez en cuando AUC, yo no sabía que esa vaina era Autodefensas Unidas de Colombia, por Asociación de Usuarios Campesinos”
(25)       Bessudo sí podía exigir el retiro de ALNUVA”
NoticiasUNO:

(26)       "Era tan perversa la situación que hubo papás que las entregaban [al ‘Patrón’] a cambio de gastos básicos y estudios" http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8967301.html

(27)       Colombia: 68% de la población sufre miseria en el 4to país más desigual del mundo (datos marzo 2011) Colombia cuarto país a nivel mundial en desigualdades sociales
“Colombia el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58 (coeficiente medida técnica de la desigualdad en la distribución del ingreso, en la que 1 es lo más alto). Según datos de Naciones Unidas para 2005, con un Gini de 0,55 Colombia estaba entre los primeros del mundo, detrás de apenas un puñado de países (…) Jairo Núñez, de Fedesarrollo, afirma que, según la última Encuesta de Calidad de Vida que del Dane, el Gini colombiano habría llegado en 2008 a 0,59, uno de los más altos del planeta y el más alto de América Latina, la región más desigual del mundo.”

Colombia: desigualdad extrema:

(28)       El estudio de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo (MESEP), Pobreza y Desigualdad 2009, contabilizó ocho millones de colombianos en la indigencia y 20 millones de pobres. En las zonas rurales, de cada 100 hogares 65 son considerados pobres y 33 viven en la indigencia.

En Colombia mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda, de cada 100 madres desplazadas gestantes 80 padecen desnutrición crónica, UNICEF:http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/desnutricion_infantil_que_no_deja_crecer_/desnutricion_infantil_que_no_deja_crecer_.asp

Colombia, pobre entre los pobres: http://alainet.org/active/33960&lang=es
(29)       Sarmiento Angulo, el empresario mas enriquecido de Colombia es, junto con el puñado de oligarcas entre los que destacan Ardila Lule y Santo Domingo, el promotor mayor de la nefasta “Seguridad Demócrática” del gobierno de Uribe, casualmente, a cada una de sus sugerencias, Uribe ha obedecido en un tiempo récord, tal y como hizo cuando Sarmiento Angulo propuso que “el impuesto para financiar la seguridad democrática” fuera permanente y que se extendiera a todos los colombianos: http://www.lasillavacia.com/historia/1717
15 de febrero de 2010: Ganancias del sector financiero llegaron a $8,5 billones: http://www.elespectador.com/articulo187857-ganancias-del-sector-financiero-llegaron-85-billones
(30)       Paul Martin, Representante de UNICEF para Colombia: “Tenemos 12% de los niños de Colombia con desnutrición crónica (…) Van a sufrir física y mentalmente: nunca este 12% va a tener la oportunidad de contribuir con el 100% de su capacidad humana (…)sabemos que el 90% de la capacidad del ser humano se desarrolla en sus primeros 3 años, y los niños que están desnutridos antes de la edad de 3 años nunca serán capaces de recuperar esta parte de su capacidad humana. (…)” http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.unicef.org/colombia/newsletter/mayo-09/eng-pop-news-mayo-09-05.htm
(31)       El 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126725&titular=las-venas-abiertas-de-colombia-
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www.azalearobles.blogspot.com

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Todas las informaciones contenidas en este artículo conllevan sus debidas fuentes. La fuentes relativas a Aviatur y al empresario Bessudo consultadas están meticulosamente estipuladas en el texto: toda información contenida en este texto a ese respecto fue previamente publicada en Noticias Uno, en la revista Semana, y en otros grandes medios, por lo tanto es información pública.
Para leer las aclaraciones que desea aportar Aviatur al respecto, los lectores pueden remitirse a la entrevista completa del Señor J.C Bessudo en Noticias Uno, publicada en su integralidad en la web de NoticiasUNO, dicha entrevista estaba ya referenciada en las notas, pero facilitamos nuevamente el link a los lectores para que puedan acceder a las aclaraciones aportadas por el propio J.C Bessudo: http://www.noticiasuno.com/notas/entrevista-completa-a-jean-claude-bessudo.html

También, para ampliar información, los lectores pueden consultar la siguiente comunicación de Aviatur al respecto, publicada en este blog: http://azalearobles.blogspot.com/2011/06/solicitud-de-aviatur-sa-publicamos-este.html

Asimismo los lectores pueden consultar la página de www.aviatur.com.co.


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Publicamos también dos Video- reportajes de NoticiasUNO al respecto:

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