Colombia:
Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de
Estado
Parte VI del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
Por Azalea Robles
“Alida Arzuaga, de 9 años, fue
víctima de desaparición forzada, tortura y homicidio. Según
testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y
posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor,
quien se encontraba preso(…) Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos
políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren
también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales
contra sus familiares.” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre
el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo
ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le
chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios
como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un
anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían
que cobrarlo con su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La
existencia de 9.500 presos
políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia.
La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una
situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es
causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria de las
mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte
importante de ésta elije la oposición política insurgente. Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la
insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa
falta de libertades políticas en Colombia. La liberación de
los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz por parte del
gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno
no se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la
par que incrementa la entrega del territorio a las multinacionales. Las
organizaciones sociales denuncian: “Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos
naturales, procesos organizativos e intereses económicos trasnacionales;
coinciden con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención
arbitraria (…)Existe una directriz de Estado que criminaliza y militariza la
protesta social, que se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones
arbitrarias y en su política criminal que abiertamente da una repuesta
represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia
criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la
protesta social” [2].
La violación de los derechos de participación política afecta no
solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o encarcelado,
sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el pensamiento crítico y
desarticular la organización social, motores históricos de la emancipación. Se
trata de inyectar miedo a elevar una reivindicación: a quienes reivindiquen se
los ‘castiga’. En esa lógica estatal de dominación
mediante el miedo se inscribe la tortura: la impunidad
que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta
del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso
la muerte de los presos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio
contra los familiares de los presos políticos. La importancia de
visibilizar estos crímenes de Estado radica en tratar de impedir que se sigan
instaurando como un mecanismo de terror contra la reivindicación social.
La
situación en las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura,
padecen niveles de hacinamiento del 47% [3], viven en condiciones de
insalubridad extremas, sufren la violación a los subrogados penales, no son
clasificados en clara violación al DIH por parte del estado -siendo incluso
situados los presos políticos en patios paramilitares como método de tortura
que pone en peligro sus vidas-. Los presos sufren el alejamiento familiar como
forma de castigo; sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el
chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos
testigos contra otros luchadores sociales en los juicios políticos que
implementa el estado colombiano contra periodistas, sindicalistas, líderes
campesinos, estudiantiles, etc. Miles de personas están sindicadas y presas sin
juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[4]. El uso del
aparato judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en terror
omnipresente: “El
Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones injustas”[5].
Además, son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación de
asistencia médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la
falta de tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la
gangrena[6]. Las organizaciones de DDHH llaman:
“Al estado
colombiano que cesen las condenas a pena
de muerte contra los prisioneros políticos mediante la omisión de
diagnósticos y atención médica oportuna. Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros Políticos
Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el gobierno
Colombiano y las FARC-EP”[7].
En diciembre 2012, ante
la continuidad de la hecatombe, los presos se preguntan:
“¿Cuántos muertos más
tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados y recibir solución a
tan dramática situación? ¿Quién
investiga y hace justicia con la familia de más de 118 muertos en lo que va
transcurrido en el presente año en las cárceles del país? (…) Exigimos investigación sobre la muerte de
nuestro compañero Mauricio Fernández García miembro del Movimiento Nacional
Carcelario (MNC) el 7 de diciembre por la absoluta inasistencia medica (…) una
de las prácticas aplicadas sistemáticamente(…) Hemos solicitado al gobierno que
decrete la emergencia carcelaria y que
se conforme una comisión de concertación Gobierno-MNC, para buscar soluciones
concretas a la crisis humanitaria por la cual estamos pasando los mas de
140.000 presos que hay en Colombia” [8].
2. Torturas,
desaparición y asesinato de familiares de presos políticos
Los familiares de los
opositores políticos son también víctimas de la tortura. Los casos son
recurrentes y quedan en la impunidad. El terror de estado contra familiares y
comunidades se expresa en las masacres perpetradas por toda la geografía colombiana
por la herramienta paramilitar en coordinación con la fuerza pública; masacres
en las que los desmembramientos, las violaciones sexuales y otras barbaries
buscan dejar impreso el miedo en lo más hondo de los sobrevivientes, para así
generar parálisis de la reivindicación social y masivos desplazamientos
poblacionales. De esta forma son despojados los campesinos de las tierras codiciadas
por el capital multinacional: el desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya
los 5,5 millones de personas, haciendo de Colombia el país del mundo con más
desplazados internos [9].
Las víctimas
preferenciales en las masacres son los opositores políticos y sus familiares. Innumerables
torturas forman parte de las vivencias
colectivas, testimonios de una dominación mediante la barbarie, como la
castración y asesinato del niño Luis Carlos Julián Vélez, de 8 años, hijo del
entonces diputado del partido opositor Unión Patriótica, partido que sufrió
exterminio por parte del estado colombiano, siendo asesinados 5000 de sus militantes[10].
Los hijos y padres de los
opositores políticos son una población duramente golpeada; y cuando éstos son
familiares de insurgentes sufren, aunado al terror estatal, el ostracismo mediático:
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión
con los paramilitares, lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus
extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y
todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a
los pescados, por último, le dieron un tiro… según medicina legal lo torturaron
vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso
con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria,
¿tenían que cobrarlo con su vida?”, testimonia Marinelly Hernández,
presa política y de guerra [11].
La
tortura contra los familiares de presos políticos se expresa en el alejamiento
geográfico, en impedimentos de las visitas, en humillaciones: “Nuestros familiares tienen que sufrir un calvario para visitarnos, son
humillados, maltratados(…) las mujeres tienen que soportar el infamante manoseo
en sus partes intimas por parte de las guardianas de forma abusiva”[12]. Aunado
a lo anterior hay varios casos de agresiones, desaparición
forzada y asesinatos de familiares de presos políticos a manos de la
herramienta paramilitar y la fuerza pública: las agresiones y crímenes de
estado contra los familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje
contra los presos políticos, si éstos no acceden a convertirse en
informantes, o para callar las denuncias. El preso político Carlos Iván Peña Orjuela fue
sometido a presión por parte la policía (SIJIN) para que diera falso testimonio
contra campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en
montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego
procedió a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de
su hijo y amenazó de asesinar también al niño[13]. “Fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a
costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Celis Torres profirió amenazas de
montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo
diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo
para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el
sistema judicial colombiano”, denuncia el CSPP [Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a mayores crímenes:
“la desaparición forzada
y homicidio del hermano menor del detenido político(…) la captura de María
Yolanda Cañón, familiar que tenía a cargo la custodia del hijo del detenido
político, de seis años. (…) el detenido político procedió a llamar al celular
de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien
se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían(…)
En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso
colaborar y la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla, y por ahí
le tengo otros paqueticos’. El detenido político manifiesta que su hermano
asesinado y la señora María Yolanda eran las únicas personas que lo visitaban y
ahora teme por la vida de su hijo”[Ibíd.]. El CSPP denuncia las “actuaciones
ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar
‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como
resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y
la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas
‘capturas masivas’” [Ibíd.].
Otro caso que evidencia
los niveles de tortura aberrantes que sufren los presos políticos y sus
familiares es el caso de la niña Alida Teresa Arzuaga, que por ser hija de un
preso político, fue violada y asesinada. En febrero 2012 la familia recibió
otro golpe, al ser dejado en libertad uno de los presuntos perpetradores, sin
siquiera ser juzgado. La impunidad cubre los crímenes de Estado. Denuncia el
Equipo Jurídico Pueblos:
“El 9 de junio 2005, Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan solo nueve años, fue víctima de los delitos de
desaparición forzada, tortura y homicidio, perpetrados por parte de
reconocidos paramilitares en Santander. Fue encontrada sin vida en una cañada,
su cuerpo registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente antes de su
muerte.
Según testimonios rendidos por paramilitares dentro
del proceso penal, el atroz crimen fue cometido en 'retaliación' por
parte de los paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública
contra el padre de la menor, quien en ese momento se encontraba preso en la
cárcel Modelo, señalado de pertenecer al ELN.
El 17 de septiembre 2010,
el Juzgado(…) profirió sentencia condenatoria contra Hernando Rodríguez Zarate,
alias ‘Volunto’, jefe paramilitar. Además ordenó que se investigue la posible
participación en los hechos de John Fredy Quitian González, alias ‘Jorge’, jefe
paramilitar, que si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el año
2004, continuaba siendo protegido por la policía y el ejército en Santander. El 24 de febrero 2012, en
Bogotá, fue capturado Quitian González, procediendo a definirse situación
jurídica por parte de la fiscalía(…) absteniéndose de imponer medida de
aseguramiento y ordenando su
libertad inmediata. La decisión de la Fiscalía contrasta con su
actuación morosa al momento de pronunciarse sobre la demanda de constitución en
parte civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. La posición del ente
acusador genera profundo desconcierto y dolor en los familiares de Alida,
quienes desde el mismo momento en que ocurrió el crimen han exigido Verdad y
Justicia al Estado colombiano. Estos hechos que conmueven los cimientos del
Estado social de derecho que se predica en Colombia, permiten evidenciar el
tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro país, quienes además de
soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las
estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares” [14].
Hay una
utilización sistemática de la tortura con una finalidad clara: la perpetuación
de un Status Quo de injusticia social
mediante el miedo. La tortura es inherente a un Estado que ha
instaurado el terror como mecanismo de control social. Un mecanismo amparado por la impunidad tejida
nacional e internacionalmente: perfeccionado y articulado en pro de garantizar
el libre saqueo de los recursos. La
ferocidad que busca destrozar al opositor político se inscribe en una lógica de
estado, las crueldades no son obra de ‘guardianes
desquiciados’, ‘negligencias médicas’,
o ‘manzanas podridas’ en el ejército: hay una planificación del terror, una
negación de facto de la asistencia médica en el ámbito carcelario, una doctrina
militar del “enemigo interno”, hay
formadores en torturas [15] y hay una política de “tierra arrasada” preconizada desde EEUU, que incluye el empleo de
la herramienta paramilitar[16].
El sistematismo, la impunidad y la perpetuación del
drama humanitario pone de relieve un ensañamiento preconcebido. No es
casualidad que ante la intensificación
de la entrega del país a las multinacionales, que trae su consiguiente
desacuerdo popular, se implementen mecanismos
que legalizan los crímenes de Estado: se busca que la respuesta represiva
del Estado ante la reivindicación social no tenga límites. La tortura estatal
goza de un marco ad-hoc. En diciembre
2012 el congreso colombiano aprobó la Reforma Constitucional de ampliación del
Fuero Militar, impulsada por Santos: el Fuero
Penal Militar consagra la impunidad para los crímenes
de Estado; es una herramienta indispensable
a esa lógica estatal de emplear la tortura y el exterminio como mecanismos de
control social. El congresista Cepeda expresa: “Es un golpe como
pocos en nuestra historia a los Derechos Humanos. (…)Es altamente probable que
todos esos casos de asesinatos de civiles a manos de militares, mal llamados
‘falsos positivos’, que las más de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones,
terminen en manos de la justicia militar. Las víctimas quedan expuestas a que
su derecho a la justicia sea abiertamente violado” [17].
“Es el otorgamiento a militares y policías
de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir
sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana o colombiano, con
la garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes”[18], apunta el periodista Camilo Raigozo. Es la
garantía de impunidad para intensificar la guerra del terror contra la
población. En cuanto a las aducidas 7 excepciones a la Justicia Militar, se
denuncia que no son sino una coartada, ya que en la práctica será imposible
hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo sí se le reconoce al
crimen el carácter de Crimen de Lesa
Humanidad. El carácter de
Lesa Humanidad, de Crimen de Estado, deberá ser demostrado en instancias
estatales; el cinismo consolida la total impunidad para los militares.
“En
cuanto a la coartada que encierra las ‘exclusiones de la justicia penal
militar’, la ONU y HRW advirtieron que de acuerdo con el derecho internacional,
y según fue confirmado recientemente por la sala de casación penal de la Corte
Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos
militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si
forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil,
efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado
u organización’. En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen
de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos. El Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques
sistemáticos o generalizados contra la población civil’.
Por lo tanto en la enmienda
aprobada, para poder emprender acciones en los tribunales de la justicia
ordinaria, los fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de
genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual,
ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco
de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la
población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una
política oficial, lo cual es imposible, porque es de lo que se van a cuidar los
criminales” [19].
Demostrar eso caso por caso va a resultar imposible, y no
por falta de evidencias, no porque estos crímenes en Colombia no sean parte de
un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil,
efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado”, sino justamente, porque al ser parte de
una planificación estatal, todas las instancias estatales se van encargar de
imposibilitar tal demostración ¿O si no qué explica
que en un país en el que se han documentado más de 3000 casos de asesinatos de
civiles a manos de militares -según el mismo modus operandi, impulsados por una
directriz ministerial (029) y con la misma finalidad-, todavía el ejército y
los medios de desinformación hablen de las “manzanas
podridas” al referirse a los militares que han perpetrado estos crímenes en
masa? No hay tal “manzanas podridas”,
hay una planificación estatal, y los ejecutantes de la tortura, violación
sexual, genocidio, desplazamiento forzado, son parte
de un ejército que perpetra estos crímenes de Lesa Humanidad amparado en la
impunidad que le garantiza esa planificación estatal.
El
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años de violencia estructural, el
movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de
100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de
personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000
desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en
un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra
sucia adelantada por el establecimiento. Cualquier iniciativa que pretenda la
paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de las
víctimas de crímenes de Estado(…) Es indispensable que se
incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as)
políticas (…)exigimos que cesen los montajes judiciales y la injusta
judicialización de la protesta social”[20].
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la VI
Parte del dossier Colombia y sus
miles de presos políticos silenciados que
abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa,
los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los
presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de
manifiesto.
Para consultar las demás partes del Dossier, y
para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta
publicación: www.azalearobles.blogspot.com
[1] “En Colombia existen 9.500 presos políticos”
Informe Situación Carcelaria http://www.traspasalosmuros.net/node/727
[2]Declaración encuentro Campaña "Defender la Libertad un asunto
de tod@s" http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=853:fcspp&catid=29:cele&Itemid=61
[3]Modelo represivo y alerta humanitaria por
Hacinamiento carcelario en Colombia http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/04/hacinamiento-carcelario-en-colombia.html?utm_source=BP_recent
28/08/2012 Gobierno revela que existe un 47% de
hacinamiento en las cárceles del país, 400% en algunos penales http://www.rcnradio.com/noticias/gobierno-revela-que-existe-un-47-de-hacinamiento-en-las-carceles-del-pais-18090
[4] Secuestro carcelario, montajes judiciales,
‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las fronteras http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/02/secuestro-carcelario-montajes.html?utm_source=BP_recent
[5] ‘El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por
detenciones injustas’ http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=854:wwwrcnradiocom&catid=1:nacionales&Itemid=66
[6] Tortura en cárceles colombianas: sistematismo
e impunidad revelan una lógica de estado http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/07/tortura-en-carceles-colombianas_4572.html?utm_source=BP_recent
“Padecemos negligencia
médica que en muchos casos degrada nuestra condición humana como sucedió con
nuestro compañero José Dinael Lamprea a quien se le condenó a la pena de muerte
de facto, padeciendo graves tumores que evolucionaron en un cáncer de huesos.” http://www.traspasalosmuros.net/node/1048
“Denuncia
pública contra el Estado Colombiano por condenar a pena de muerte al prisionero
político y de guerra José Dinael Lamprea(…) al omitir diagnóstico oportuno,
negarle atención médica adecuada” http://www.traspasalosmuros.net/node/1009
“El 25 de noviembre
falleció el interno David Guerrero Leal(…) exámenes no eran los apropiados para
detectar su patología cancerígena, por lo tanto nunca llegaron a tener un
diagnostico real y científico(…)el 21 de octubre (2012) por negligencia medica
falleció el interno Héctor Peñaranda Bayona” http://www.traspasalosmuros.net/node/1042
“Denunciamos
y Rechazamos la condena a Pena de
Muerte de Facto a la que son sometidos los prisioneros políticos en Colombia, a través de la
negligencia médica u omisión de protección a quienes padecen amenazas de muerte
(…) la muerte del prisionero político Vicente Saúl Balcárcel (…)
el 18 de septiembre de 2012(…) luego de haber sido diagnosticado
tardíamente de cáncer del colon y no haber recibido la atención médica
adecuada, a pesar de existir un fallo de tutela a su favor (…)
esta violación a la dignidad humana y los derechos humanos no es un hecho
aislado, recordemos las muertes por responsabilidad del Estado Colombiano de
los prisioneros políticos Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle, Jimmy
Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés Cupitre, Alexander
Martínez Palacio, entre otros, ocurridas durante los últimos dos años sin que a
la fecha se hayan tomado medidas efectivas para evitar que ocurran mas muertes(…) Con
estas muertes y omisión de protección el Estado Colombiano ha violentado los
artículos 11 y 12 de la Constitución que disponen que “el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte y nadie será
sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (…)”http://www.traspasalosmuros.net/node/988
[7] Lazos de Dignidad: “(…)al estado
colombiano que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros
políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica
oportuna. Solicitamos que la
Liberación de las y los Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro
de la agenda de diálogos(…)” http://www.traspasalosmuros.net/node/1009
[8]“¿Quién
hace justicia con la familia de más de 118 muertos en lo que va
transcurrido en el presente año en las cárceles?(…)
Exigimos investigación sobre la muerte
de Mauricio Fernández García miembro de Movimiento Nacional Carcelario el 7 de
diciembre por la absoluta inasistencia medica.” http://www.traspasalosmuros.net/node/1052
[9] Abril 2012: El número de desplazados en
Colombia en el año 2011 llegó a 259.146, la cifra total asciende a 5.445.406,
según denunció la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en
su informe anual "Desplazamiento creciente y crisis humanitaria
invisibilizada", el cual toma en cuenta los casos presentados en el país
desde 1985. Desplazados en
Colombia llegan a 5,5 millones, dice Codhes http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-262261-desplazados-colombia-llegan-a-55-millones-dice-codhes
Colombia, país con más refugiados
del hemisferio, y el 1er país del mundo con más desplazados internos del mundo,
CODHES http://kaosenlared.net/america-latina/item/23776-colombia-es-el-pa%C3%ADs-con-más-refugiados-del-hemisferio-y-el-1er-pa%C3%ADs-del-mundo-con-más-desplazados-internos-del-mundo-codhes-reporta-528-millones-de-desplazados.html?tmpl=component&print=1
2011, Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO):
Colombia país con más desplazados y refugiados internos http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129586&titular=colombia-es-el-pa%EDs-con-m%E1s-desplazados-y-refugiados-internos-
"El 11,42 % de la población colombiana:
desplazada de manera forzada”(06-2011) http://www.rebelion.org/docs/130767.pdf
[10] Asesinado
por ser “hijo de comunista”. Asesinato de Carlos Julián Vélez Rodríguez, Diputado por la Unión
Patriótica; su esposa Norma Garzón Moya; su hijo Luis Carlos Bello Garzón, y su
hermano Dimas Elkin Vélez Rodríguez, en el Meta. http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.7a.htm
Extractos
históricos de la UP: http://es.scribd.com/doc/68373112/Extractos-historicos-de-la-vida-de-la-Union-Patriotica-de-Colombia-Libro-Memorias-en-Baja-1
Plan de
exterminio de la UP “Baile Rojo”. Documental: http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[11] Marinelly
Hernández, presa política y de guerra testimonia y se declara en Ruptura con el
Estado colombiano, ante un juez: http://www.traspasalosmuros.net/node/359
[12] “Nuestros familiares tienen
que sufrir un calvario para visitarnos(…)
las mujeres tienen que soportar el infamante manoseo en sus partes
intimas por parte de las guardianas” Junio 2012, Comunicado de los Presos Políticos de la cárcel
Modelo: http://clarindecolombia.info/noticias/colombia/1212-comunicado-de-los-presos-politicos-de-la-carcel-nacional-modelo.html
[13] El preso político
Carlos Iván Peña Orjuela, sometido a presión por parte de la policía judicial
de la SIJIN para que diera falso testimonio contra campesinos. Ante su
negativa, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió a
encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y
amenazó de asesinar a su hijo. Asesinan al hermano del preso político Carlos Iván Peña Orjuela y la
policía amenaza a su hijo de 6 años http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102342
“amenazó a su hijo diciendo que “de pronto
anochecía pero no amanecía” el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro
de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial
colombiano”, CSPP http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=46
http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-negro-antonio-denuncia-torturas-carcel-pretenden-convertir-gu
http://www.kaosenlared.net/noticia/desaparicion-familiares-tortura-contra-presos-politicos-alto-estado-ge
En libertad cinco campesinos de Santander y familiar de Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: 7 meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra el preso político Orjuela por su negación a fungir como testigo falso en los montajes judiciales de la policía. http://www.conapcolombia.org/?p=338
http://www.kaosenlared.net/noticia/desaparicion-familiares-tortura-contra-presos-politicos-alto-estado-ge
En libertad cinco campesinos de Santander y familiar de Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: 7 meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra el preso político Orjuela por su negación a fungir como testigo falso en los montajes judiciales de la policía. http://www.conapcolombia.org/?p=338
Octubre
2011, en huelga de hambre presos políticos de Palogordo exigiendo asistencia
médica para el preso político Peña Orjuela http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=48
[14]
La niña Alida Teresa, hija de preso político,
violada y asesinada por paramilitares, crimen en impunidad, 2012. http://www.rebelion.org/noticias/2012/3/145927.pdf
2 de marzo 2012, Ordenan
Libertad a Jefe Paramilitar señalado de desaparición forzada, tortura y
homicidio de la niña Alida Teresa en hechos ocurridos en junio 2005 en
Zapatoca, Santander http://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2012_02_26_archive.html
[15] Mercenario israelí que entrenó a grupos paramilitares
confirma la participación del Ejército. Yahir Klein: "El
hacendado que se convirtió en presidente pagó por mis servicios” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159161
[16] A raíz de la visita de la Misión Yarbourough del
ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices secretas que dejó
consignadas, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente
paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas (1964-65).Tal
doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de Contrainsurgencia que
comienzan a formar parte de la Biblioteca del Ejército y por tanto de los
textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6
manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción
que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la define por
dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe ser
el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los movimientos
sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
Cronología de hechos reveladores del
Paramilitarismo como política de Estado. Investigación Javier Giraldo: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75
Los Gobiernos de EEUU y el paramilitarismo: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda19.pdf
Brig. Gen. William P. Yarborough,
"U.S. Special Warfare Center," in U.S. Department of the Army, Office
of the Chief of Information, Special Warfare U.S. Army: An Army Specialty
(Washington, D.C., 1963), p. 61. A Psychological Operations Course covering all
aspects of psychological warfare was also offered at Fort Bragg, in consonance
with the center’s Psychological Warfare origins. .Headquarters, U.S. Army
Special Warfare School, Subject: Visit to Colombia, South America, by a Team
from Special Warfare Center, Fort Bragg, North Carolina, 26 February 1962.
Kennedy Library, Box 319, National Security Files, Special Group; Fort Bragg
Team; Visit to Colombia; 3/62. Also Carroilton Press, Declassified Documents
Reference Series (1976:154D), and McClintock, The American Connection, vol. 1,
State Terror and Popular Resistance in El Salvador, pp. 23-24. 26. "Secret
Supplement, Colombian Survey Report."
[17] Cepeda sobre
Aprobación de Fuero Militar: “Es probable que todos esos casos de asesinatos de civiles
a manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de 3000
víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia
militar.” https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dC4HhsaJ2XU#!
[18] “Es el otorgamiento
a militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar,
desaparecer (…) con la garantía de que no van a ser castigados por sus
crímenes” http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814
[19] Tomado de http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814 que a su
vez cita apartes de la carta de HRW a Santos: http://www.hrw.org/es/news/2012/10/25/colombia-carta-al-presidente-santos-criticando-ampliaci-n-del-fuero-militar “En cuanto
a la exclusión de crímenes de lesa humanidad de la justicia penal militar, cabe
hacer presente que de acuerdo con el derecho internacional, y según fue
confirmado por la sala de casación penal de la Corte Suprema, las ejecuciones
extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente
podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad si forman parte de un
ataque generalizado o sistemático contra la población
civil, efectuado con conocimiento
del ataque y de acuerdo con la
política de un Estado u organización. En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre,
“[e]l crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos. El
[E]statuto [de Roma] de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser
ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil”. Por ende(…)
para poder emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los
fiscales deberán demostrar en cada caso que la víctima de violencia sexual,
tortura o ejecución extrajudicial fue agredida en el marco de un ataque
generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil
con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial.”
[20] Movimiento
de Víctimas de Crímenes de estado, 9 de septiembre 2012 ‘Un proceso de paz con participación
de las víctimas’ http://www.movimientodevictimas.org/documentos/conclusiones-encuentros/item/2811-declaración-movice-un-proceso-de-paz-con-participación-de-las-v%C3%ADctimas.html
Las partes ya publicadas de este Dossier, que consta de 7 partes en su
totalidad, son:
Parte II : Despojo, empobrecimiento y muerte para beneficio multinacional; la voz disidente es eliminada
Parte
VI: Tortura contra familiares de presos
políticos es mensaje del terrorismo de Estado
Aún
por publicar:
Parte
VII: Conclusiones: La oposición al Saqueo
se castiga con tortura, mientras la ética se intoxica de unilateralidad
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